MORELIA, Mich., 22 de noviembre de 2018.- Un posicionamiento sobre el Plan Nacional de Paz y Seguridad presentado por el presidente de la Comisión de Seguridad y Protección Civil del Congreso del Estado, Humberto González Villagómez, alborotó a diputados de las bancadas de los partidos del Trabajo y de Morena que repartieron culpas a diestra y siniestra.

El diputado del Partido de la Revolución Democrática consideró que el Plan pareciera más un listado de políticas públicas en materia social justificadas bajo el discurso político de las dificultades que representa la construcción de soluciones.

“Nos encontramos con un plan que carece de objetivos específicos, de acciones concretas para combatir la inseguridad, que se queda en los “qué” sin desgastarse en definir los “cómo” para su implementación. Ante políticas públicas que requieren un sostenimiento técnico y presupuestal más que el voluntarismo social, campañas de difusión con mensajes superficiales.

“Importante resaltar, que el Plan Nacional propone la expedición e implementación de una Ley especial para la amnistía a criminales, pensando en establecer un proceso en el que los miembros activos del crimen voluntariamente se presenten ante la justicia abnegados por el arrepentimiento de sus actos, concediéndose la posibilidad de indultar sus penas, reducirlas y ser perdonados por las víctimas”.

Resaltó la incongruencia en la que por tantos años se sostuvo el discurso del presidente electo, que señalaba que la estrategia de seguridad durante las administraciones pasadas había puesto de manera errónea al ejército en las calles, y que en su primera propuesta establezca un diseño que los mantiene fuera de los cuarteles, en acciones de seguridad interior y que no ofrece cambio alguno.

Recordó que la seguridad interior compete a los tres niveles de gobierno, y que es en una estructura coordinada que podrán sostenerse las acciones en la materia, debemos evitar el engorro de no considerar a gobiernos estatales, pues pareciera que los delegados que señala su plan serán líderes meta gubernamentales con facultades para decidir en las entidades federativas.

Tampoco se toma en consideración las mesas de seguridad, los Grupos de Coordinación nacidos desde la Comisión Nacional de Seguridad, no se analizan las leyes locales, y resulta en un sometimiento al modelo federal que subyuga a las autoridades locales.

“Necesitamos ser parte del Plan Nacional, sin lugar a dudas, pero ante su presentación pública y nuestra ausencia en su participación, el nuevo gobierno peca de poca inclusión a otras propuestas. Se sienta sobre una idea autoritaria en materia de seguridad, y termina por ser una visión estratégica tan general y en el que además la mayor parte de sus ejes ya se aplican en la actualidad, pareciera que el nuevo gobierno olvida las realidades de los ciudadanos que sufren la inseguridad durante su vida cotidiana hoy y que aparte de ser un plan preventivo debiera incorporar un plan de acción inmediata”.

Petistas y morenistas se indignaron, pero como los posicionamientos no son sujetos de debate, desde sus lugares defendieron la cuarta transformación, Fermín Bernabé Bahena, Brenda Fabiola Fraga, Osiel Equihua y Baltazar Gaona quienes, en resumen, descalificaron cualquier critica al plan de seguridad porque todavía no se aplica y nadie tiene derecho a cuestionarlo.

 Que no cometerán los mismos errores, que ya están cansados de la demagogia y hastiados de los gobernantes y que no hay formar de justificar el derramamiento de sangre durante los dos últimos sexenios.

El único diputado de Movimiento Ciudadano, Javier Paredes señaló lo estéril de repartir culpas, sobre todo cuando no se ha visto la propia casa ya que si el país se convirtió en una fosa durante los últimos sexenios, los artífices de ello, hoy están con el presidente electo, frase con la que concluyeron las intervenciones de los integrantes del bloqueo que apoyo a Andrés Manuel López Obrador.