Se emberrincha alcaldesa panista de Quiroga

QUIROGA, Mich., 19 de marzo de 2019.- “No tengo nada qué opinar”, expresó entre ademanes evasivos Alma Rosa Vargas Díazbarriga, presidenta municipal de Quiroga, donde este martes se consumó la entrega del presupuesto a Santa Fe de la Laguna, lo que le representará al ayuntamiento una pérdida de 16 millones de pesos anuales.

El berrinche se inscribe en el contexto de la derrota judicial sufrida frente las cuatro autoridades indígenas de Santa Fe de la Laguna, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenara al ayuntamiento entregar a la comunidad el porcentaje del presupuesto que le corresponde con base a su índice poblacional, que actualmente ronda los 5 mil habitantes.

En el marco de la consulta, realizada este martes en Santa Fe de la Laguna para la transferencia del presupuesto directo a la comunidad, la alcaldesa emanada del Partido Acción Nacional (PAN) no aceptó el lugar en el presidium que le ofrecieron miembros de la comunidad y autoridades del Instituto Electoral de Michoacán, y se sentó hasta la última fila.

Vestida a blanco y negro, la alcaldesa tampoco aceptó tener alguna intervención durante la actividad, en la que todas las partes involucradas emitieron un mensaje. Flanqueada de su equipo de asesores, durante el desarrollo de la consulta guardó un silencio sepulcral.

Al término de la actividad salió apresurada de la Casa Comunal sin despedirse de las autoridades comunales ni de los consejeros del IEM, e incluso personal salió tras ella para que firmara las actas, lo cual no hizo.

“No tengo nada qué opinar”, respondió ante la solicitud de los medios de comunicación de una entrevista; la servidora pública huyó de las cámaras de la prensa sin esperar a conocer si quiera sobre qué asunto se le preguntaría.

La asignación directa del presupuesto a Santa Fe de la Laguna representará una pérdida de 16 millones de pesos del presupuesto global de 91 millones de pesos que maneja el municipio, tradicionalmente gobernado por el PAN.

En lo que parece ser una tendencia, son ya nueve comunidades indígenas que ejercen su presupuesto de manera directa, independientemente de los ayuntamientos, a los que reprochan un abandono y exclusión sistemática que ha agudizado el rezago y ha frenado el desarrollo.