MORELIA, Mich., 2 de julio de 2022.- La presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Adriana Hernández, se deslindó del maltrato a los trabajadores sindicalizados a los que se pretende despedir con el pretexto de que han faltado a sus labores.

“Me deslindo porque yo di la orden de que no se tomara esa decisión, hasta no revisar caso por caso, pero parece que hay oídos sordos”, indicó la legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Explicó que desde el jueves 30 de junio, que se enteró de la retención de salarios a los trabajadores, se comunicó con la secretaria de Administración y Finanzas, Rocío Pineda Gochi, quien justificó la acción con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de dar de baja a quienes no se presenten a trabajar.

Posteriormente a ese acuerdo hubo otra reunión en la que, a propuesta suya, se aprobó no proceder hasta en tanto no se comprobara caso por caso, porque la mayoría de los candidatos al despido son personas que sí van a trabajar.

Sin embargo, no hubo un oficio para notificar a la funcionaria del nuevo acuerdo y ahora argumenta que no tuvo una contraorden de la Jucopo y solo está cumpliendo instrucciones precisas.

“Por supuesto que no se va a tolerar a personas no vayan a trabajar, pero tampoco que se cometan arbitrariedades en contra de quienes sí van a trabajar, que son la mayoría de la lista de los que quieren despedir; hay incluso personas con más de 30 años de laborar en el Congreso y se les suspendió el pago”, dijo.

“Hice un extrañamiento en el chat de la Conferencia -para la programación de los trabajos legislativos- porque no hemos tenido reunión y se sumaron algunos coordinadores porque no están de acuerdo con ese trato que se está dando a los trabajadores y que, coincido con los trabajadores sindicalizados, no había sucedido nunca”, mencionó.

Adriana Hernández consideró al Stasple como un aliado, que está en disposición de no defender a las personas que no identifiquen y no es correcto lo que se está haciendo; desafortunadamente se sigue dando una imagen del Congreso en el que todos son administradores en lugar de legisladores.