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MORELIA, Mich., 21 de julio de 2017 .- Los delitos como peculado y fraude que pudieran fincarse a ex servidores públicos a partir de los hallazgos de la auditoría forense que llevará a cabo la firma Contadores y Asesores de Negocios PFK México a la cuenta Cargos por Aplicar, podrían haber prescrito, advirtió el dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Estrada Cárdenas.
En entrevista con Quadratín, el dirigente albiazul ejemplificó que los delitos como fraude y peculado prescriben en 7 años y medio, mientras que el periodo que se va a auditar va de 2003 a 2014, por lo que señaló que hay gran expectativa a los resultados que de manera trimestral arroje el despacho que desde este día adquirió la responsabilidad de fiscalizar las cuentas del gobierno desde hace 11 años.
Sin embargo, Estrada Cárdenas dejó claro que ante el riesgo de la prescripción de delitos en que hayan incurrido de manera directa ex servidores públicos que ejercieron los recursos, no se debe perder de vista a los responsables de los órganos de fiscalización que, desde la Secretaría de Contraloría y desde la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) pudieron ser omisos.
A pregunta expresa, el panista señaló que, si bien su partido nunca ha sido gobierno en Michoacán, sino que han sido priístas y perredistas los responsables del desfalco financieron en Michoacán, con el inicio de la auditoría forense el PAN está consciente de que ex legisladores que estuvieron en funciones entre 2003 y 2014 fueron corresponsables de las decisiones que tomó el poder Ejecutivo.
“Confiamos plenamente en nuestros legisladores, en Acción Nacional la honestidad es un principio fundamental, pero si alguno de los entonces diputados incurrió en algún acto de corrupción, nos llenaría de vergüenza, y si para el PRI y el PRD pedimos todo el peso de la ley, para alguien de nuestro partido pediríamos el doble”, comentó.
El despacho Contadores y Asesores de Negocios PFK México iniciará dentro de 10 días la auditoría forense a la cuenta Cargos por Aplicar, en la que se cuestiona el destino de 18 mil millones de pesos; el trabajo de fiscalización a las cuentas terminará dentro de aproximadamente 18 meses; autoridades han informado que será entonces cuando se pueda determinar si existen elementos para fincar responsabilidades administrativas o penales a ex servidores públicos.