Retoma diputada del PVEM iniciativa de Parlamento Juvenil

13 de noviembre de 2016

17:33

Rebeca Hernández Marín/Quadratín

MORELIA, Mich., 13 de noviembre de 2016.- La diputada del Partido Verde Ecologista de México, Juanita Noemí Ramírez Bravo, hizo suya la iniciativa de ley que obtuvo la más alta calificación en el cuarto Parlamento Juvenil y la presentó al pleno de la 73 legislatura.

La iniciativa pretende reformas a nueve ordenamientos a favor de las personas con discapacidad y, originalmente fue presentada por Antonio Guzmán Oropeza, michoacano, originario de Ziracuaretiro, de 24 años, Ingeniero Civil de profesión y presidente de la mesa directiva del parlamento juvenil.

“Toño, con una visión crítica y un espíritu de acción, plasmó en su proyecto de iniciativa la propuesta de una reforma legislativa integral a diversos ordenamientos jurídicos en materia de derechos de las personas con discapacidad; convicción en la que coincidimos con
sus fines y objetivos, que buscan convertir esta entidad en la tierra con igualdad de oportunidades que queremos y que nos merecemos”.

Ramírez Bravo sólo dio curso a la iniciativa de Guzmán Oropeza, inclusive con su propia redacción, en la que señala que son innegables las condiciones de desigualdad que sufren las personas con discapacidad.

El último informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía confirma que en México existen cinco millones 739 mil 270 personas con alguna discapacidad, de las cuales el 49% son hombres y el 51% mujeres.

En Michoacán existen 267 mil 716 personas con algún tipo de discapacidad, población que se ve afectada en su día a día de diversas maneras, lo que les imposibilita el desarrollo activo en la sociedad.

El 80 % de las personas con discapacidad vive en países en desarrollo, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Actualmente el 16% de la población del estado presenta una discapacidad, ya sea de movilidad, visual, auditiva, de comunicación, de aprendizaje o mental. Esta política pública de atención a las personas discapacitadas debe ser universal, como la educación pública,
los servicios de salud, la vivienda, etc.El propósito perseguido por las reformas transversales de nueve ordenamientos legales es establecer en el marco jurídico del desarrollo social una red de garantías de derechos sociales y humanos ya que incorpora elementos sustanciales en la promoción, respeto y
defensa a partir de la materia de derechos humanos de las personas con discapacidad.

La iniciativa ya se está analizando en comisiones para su dictamen.