MORELIA, Mich., 22 de mayo de 2020.- Las unidades de transparencia municipales están reprobadas porque carecen de personal profesional, tecnología y respeto a las facultades constitucionales que tienen, afirmó el presidente del Comité de Transparencia y Acceso a la Información del Congreso del Estado, Oscar Escobar.
En los ayuntamientos hay recelo a entregar la información solicitada por el ciudadano, aunque se tenga a la mano si no es con la autorización expresa del presidente municipal, pese a ser la autoridad que se encuentra a mano del ciudadano y por lo tanto debería ser la primera línea de defensa informativa, pero es uno de los espacios más descuidados por los munícipes, indicó.
Señaló que las personas que laboran en las unidades de información, no sólo carecen de conocimientos jurídicos y por consiguiente, saben poco de la Ley de la Materia, sino que, tampoco tienen un espacio adecuado y menos el instrumento tecnológico correcto, tanto para poder ejercer sus funciones, como para poder recibir con dignidad al peticionario de información.
“Otro indicador preocupante, es el Índice de Información Presupuestal Municipal (IIPE) del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), el cumplimiento promedio de las 453 demarcaciones evaluadas, que representan 95% del Producto Interno Bruto nacional, fue de 42.0% en el 2017, de una escala de 0 a 100%, el mayor nivel registrado en los ocho años del indicador, es decir, se mantiene una calificación reprobatoria”.
Así justificó su propuesta de reformas a la Ley Orgánica Municipal para que el presidente municipal, como se hace con otros nombramientos, presente al Cabildo el perfil idóneo, que en los presupuestos de egresos de cada año, se tomen las previsiones para adquirir gradualmente tecnologías enfocadas a la transparencia, gobierno abierto y la rendición de cuentas y se obligue a expedir los reglamentos y acuerdos pertinentes para el fortalecimiento de la práctica de la transparencia y la rendición de cuentas, pues la mayoría, no se ha tomado el tiempo para expedirlos.
Propone también que el titular de la unidad de transparencia esté adscrito a un área específica del ayuntamiento, cercano a la autoridad que ya está facultada para certificar aquellos documentos que así los solicite el peticionario, esto es, la Secretaría de los municipios, aprovechando que ya estaban obligados para organizar, operar y actualizar el Archivo del Ayuntamiento y el Archivo Histórico Municipal.