Llama Camelia Calleja a votar y construir un México más seguro
MORELIA, Mich., 26 de julio de 2014.- Al efectuarse este sábado la reunión extraordinaria de las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía, en la que se analizó el dictamen de la iniciativa por la que se expiden la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza (GPNA) refrendó su demanda de que en la aprobación de las leyes secundarias de la reforma energética se garantice que la renta petrolera se capture en favor de la Nación, y que sean en realidad un detonante del desarrollo nacional incluyente, sustentable y democrático.
De acuerdo con un comunicado de prensa, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la diputada María Sanjuana Cerda Franco, coordinadora del GPNA, destacó que en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos se establece que, en el caso de los contratos de utilidad pública y de producción compartida, se determinará una utilidad operativa, la que se distribuirá entre el Estado y la empresa contratista. Sin embargo, subrayó, no contiene salvaguardas para que, en la distribución de la utilidad operativa se fije un piso mínimo para el porcentaje que corresponde al Estado y un tope máximo en el que se llevará la empresa contratista.
Tras fundamentar el voto a favor del GPNA al dictamen a discusión, Cerda Franco puntualizó una serie de aspectos que suscitan inquietudes al interior de su fracción parlamentaria, resaltó que dado que se trata de la parte sustancial de la renta petrolera, consideran que la Secretaría de Hacienda tendrá que diseñar mecanismos eficaces para establecer que la utilidad operativa de los contratos de utilidad y de producción compartida, se distribuirá de manera racional, justa y sostenible, de tal forma que las empresas contratistas no se lleven porcentajes excesivos.
Insistió en que el Estado debe desarrollar en el corto plazo la suficiente capacidad institucional para realizar de forma eficaz la fiscalización de los contratos de producción de hidrocarburos, además de contar con un sólido sistema de control de costos, de tal manera que se evite por esa vía se escapen porciones importantes de la renta petrolera, a fin de que los contratistas recuperen los costos estrictamente necesarios.
Asimismo, Sanjuana Cerda externó su preocupación por que el dictamen establezca reducciones de los montos de la cuota contractual para la fase exploratoria, porque afectan directamente los ingresos del Estado; sin embargo, “consideramos oportuno que se compensen con el impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos”.
Otras observaciones señaladas en la sesión por la también secretaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público se refirieron a la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, que establece que dicho fondo será un fideicomiso público, con el objeto de garantizar un manejo responsable y transparente sobre el uso de los ingresos petroleros de la Nación. Aquí aseguró que es preciso que la política de inversiones de los recursos de dicho fondo cuente con medidas de seguridad en materia del portafolio de inversión y de derivados financieros, a través de la opinión o la autorización de la Secretaría de Hacienda o de la Cámara de Diputados.
Finalmente, la legisladora regiomontana señaló que es indispensable que se revisen las disposiciones en materia de responsabilidades y sanciones de los miembros del Comité Técnico, dado que en el dictamen se establece que será excluyente de responsabilidades el haber actuado a su “leal saber y entender”, situación que podría generar expectativas de ineficacia e impunidad.