Regularizar autos chocolates es ilegal: AMDA

MORELIA, Mich., 15 de diciembre de 2016.- Michoacán se convertiría en el basurero automotriz del país en el caso de que prospere el exhorto al Congreso de la Unión para que se regularice la tenencia de los vehículos extranjeros que están en el territorio mexicano, propuesto por el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Manuel López Meléndez.

Así lo afirmó el presidente de la Asociación Michoacana de Distribuidores de automotores (AMDA), Juan Pablo Arriaga Diez quien consideró  que sería legalizar lo ilegal y atentaría contra el
convenio de coordinación fiscal firmado por el gobernador Silvano Aureoles Conejo con la Federación el pasado mes de septiembre.

Señaló que una propuesta de ese tipo atenta también en contra de todos los principios de ecología de movilidad urbana, de seguridad en el transporte, de ahorro de combustible y de protección a la economía de los michoacanos

“El actual gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, lo quiso hacer y la Federación no se lo permitió; el ex gobernador de Chihuahua César Duarte, por razones electoreras, también lo quiso hacer y la Federación tampoco se lo permitió”.

En entrevista telefónica, el dirigente de los distribuidores de automóviles del estado planteó la pregunta de que en el supuesto de que se hiciera el exhorto ¿cómo le harían las autoridades para evitar que los propietarios de los llamados autos chocolate vinieran de otros estados a registrarse? Y él mismo se respondió: no hay manera.

Arriaga Diez consideró aventurado manejar cifras sobre el parque vehicular ya que se carece de un padrón actualizado de los vehículos que circulan en el estado, muchos de ellos todavía con las placas de las maripositas, por lo que los datos de los vehículos ilegales son totalmente inciertos, precisamente por su condición.

López Meléndez propuso en la sesión del pleno de la 73 legislatura del 14 de noviembre un exhorto para que se impulse una norma de inscripción de los vehículos de procedencia extranjera, para
legalizarlos y así conciliar la transparencia y la legalidad para garantizar la estabilidad social, económica y procurar una mejor calidad de vida para los campesinos.