MORELIA, Mich., 13 de septiembre de 2019.- De no tener un fondo político y ser solo un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, la denuncia de juicio político por no haberse dado seguimiento a los resultados de la auditoría forense a la cuenta Cargos por aplicar, mejor conocida como la licuadora, permitirá la reactivación de casos que ya se pensaban archivados sin aclararse, afirmó la diputada Yarabi Ávila.

Mencionó que asuntos como el de sobornos de la trasnacional Odebrecht a funcionarios estatales durante la construcción de la presa Francisco J. Múgica, durante los gobiernos de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy, así como la construcción del Teatro Mariano Matamoros que estuvo a cargo Cuauhtémoc Cárdenas Batel, no se han aclarado, y es sano que se retomen, se investiguen y se aclaren.

Aunque como ex presidenta de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán está incluida en la demanda de juicio presentada por las asociaciones civiles Acción Social Progresista, Justicia y Equidad a tu alcance y Congreso Nacional Ciudadano, la legisladora del Partido Revolucionario Institucional consideró que se tardaron en presentar la denuncia.

“No conozco el documento que presentaron, no sé cuál sea el interés específico, no sé cuál sea el trasfondo, por eso espero que el verdadero fondo sea de transparencia y rendición de cuentas ya que no necesitamos que a la ciudadanía se le lastime con intereses ocultos”.

El jueves pasado, Saúl Mora, Dalila Campos y Lourdes Patricia Galiaci presentaron la denuncia en el Congreso del Estado para que se haga juicio político al secretario de Finanzas y Administración, Carlos Maldonado; al director del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo (Cadpe), Guillermo Loaiza y los integrantes de la Comisión Inspectora, tanto de la pasada como de la actual legislatura, por no haber vigilado el decreto 345 para revisar la cuenta Cargos por aplicar, en la que se concentraron los créditos contratados entre 2003 y 2014.