MORELIA, Mich., 13 de noviembre de 2020.- Durante 2019 hubo un total de 14 mil 148 accidentes de tránsito terrestre en Michoacán, en los que 249 personas murieron y cuatro mil 169 resultaron heridos, pero existe una lista gris de aquellas personas que en el accidente quedan heridas y en el traslado fallecen o en el hospital debido al accidente y su muerte no se registran en esta instancia, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Con esas cifras, de acuerdo con información de la Estadística de Accidentes de Tránsito, de La Dirección General de Servicios Técnicos en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Michoacán se encuentra entre los primeros 10 lugares a nivel nacional en cantidad de accidentes automovilísticos e incluso, en la tasa de fallecimientos más elevados, y como una de las entidades con el índice de peligrosidad más elevado.
Esta situación demanda un cambio, porque la forma de la movilidad aplicada en la actualidad ya no resulta funcional, consideró la diputada Cristina Portillo al proponer la armonización de la Constitución Política del Estado de Michoacán con la Carta Magna para garantizar el derecho de toda persona a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.
“Necesitamos brindar las herramientas necesarias para que el Estado cumpla con su deber y permita a las personas ejercer con plenitud sus derechos, garantizarles la movilidad segura en una forma concreta y efectiva de combatir la desigualdad, promover el bienestar colectivo, reducir la contaminación, accidentes y los efectos negativos en la salud de la movilidad, será un paso para mejorar la vida de las personas que enfrentan la mala calidad en el transporte público e incertidumbre al caminar, andar en bicicleta, motocicleta”.
En su exposición de motivos ante el pleno de la 74 Legislatura del Congreso del Estado, recordó que el espíritu de la reforma Constitucional que recién se aprobó en el Congreso de la Unión es el de reconocer el derecho de toda persona a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad, tendiente a salvaguardar la integridad de las personas que se desplazan diariamente por las calles, que conserve el bienestar social y las buenas prácticas de las individuos.