MORELIA, Mich., 1 de mayo de 2018.-     Integrantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (Staspe) prevén la implementación de acciones legales en caso de que el gobierno del estado no entregue las compensaciones por tiempo de labor extraordinario, afirmó Antonio Ferreyra Piñón, secretario de la organización gremial.

Explicó que si bien en el presupuesto de egresos correspondiente a 2018 se modificó la prohibición de pagar las compensaciones extraordinarias a los empleados vigente en 2017 para especificar que sólo se pagarán si existe el presupuesto para ello, el gremio buscará con acciones legales y de protesta en los espacios públicos la defensa de lo que consideró es “un derecho adquirido”.

Explicó que el año anterior “nosotros sacrificamos esta prestación e hicimos varias propuestas al gobierno del estado para abatir gastos y generar ahorros; sin embargo, los únicos que nos sacrificamos fuimos nosotros, el gobierno del estado no se sacrificó, no hizo un esfuerzo por hacer ahorro en donde nosotros consideramos que se pueden hacer ahorros, como en los contratos de reciente creación, por ejemplo”.

Agregó que se observó inconformidad entre los integrantes del Staspe debido a que pese a que el argumento para eliminar o reducir la entrega de compensaciones por tiempo de trabajo extraordinario es la falta de recursos económicos, “al personal que el gobierno del estado contrata porque son conocidos de algún funcionario sí le dan las compensaciones, entran con un interinato y de inmediato se hacen acreedores a este derecho que a nosotros nos escatiman”.

Reiteró que “el pago de compensaciones es un derecho adquirido de varios años y ahorita estamos esperando a ver si el gobierno del estado pretende hacer una acción para quitárnoslas, en cuyo caso emprenderemos una lucha jurídica y otra en las calles”.

Aseveró que el pago de compensaciones, que equivale a un máximo del 50 por ciento del salario del empleado, responde a la realización de trabajo en horario fuera de la jornada establecida que es necesario para la operación de la administración pública.