Presentan nueva iniciativa para castigar la interrupción del embarazo

MORELIA, Mich., 7 de noviembre de 2022.- Pese a la reticencia de los integrantes de la 75 Legislatura del Congreso del Estado a legislar para dejar de criminalizar a las mujeres que interrumpan el embarazo, la diputada María de la Luz Núñez presentó una nueva iniciativa para sancionar el aborto después de la semana 12 de gestación.

La propuesta ya entregada a la presidencia de la Mesa Directiva, pero aún no presentada ante el pleno, considera prisión de seis meses a dos años a quien hiciere abortar a una mujer o persona con capacidad de gestar con consentimiento previo de ésta, después de las doce semanas de gestación.

A la mujer o persona con capacidad de gestar que voluntariamente provoque su aborto después de las doce semanas de gestación, se le impondrá de seis meses a un año de trabajo a favor de la comunidad. En este caso, el delito de aborto sólo se sancionará cuando se haya consumado.

Plantea también que la responsabilidad penal por el delito de aborto se excluye cuando por libre voluntad de la mujer embarazada o persona con capacidad de gestar dentro de las primeras doce semanas de gestación.

Las instituciones de salud tendrán la obligación de proporcionar a la mujer o persona con capacidad de gestar, servicios de consejería médica, psicológica y social, con información objetiva, veraz y oportuna sobre el procedimiento de Interrupción del Embarazo, para que puedan tomar la decisión de manera libre, informada y responsable en los términos establecidos en la Ley de Salud del Estado de Michoacán. También ofrecerán servicios de salud sexual, reproductiva y de planificación familiar.

El servicio será gratuito y en condiciones de calidad, salubridad, privacidad y trato digno en los supuestos permitidos cuando la mujer interesada o persona con capacidad para gestar así lo solicite en un plazo de cinco días contados a partir de la petición.

Cuando sea urgente la interrupción del embarazo para salvaguardar la salud o la vida de la mujer, será obligación de las instituciones de salud garantizar la oportuna prestación de los servicios previo, durante y después del procedimiento.

Las instituciones de salud del Gobierno atenderán las solicitudes de interrupción del embarazo a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar que lo soliciten aun cuando cuenten con algún otro servicio de salud público o privado.

Es obligación de las instituciones de salud garantizar la permanente disponibilidad del personal de salud idóneo para practicar la interrupción del embarazo, así como contar con los medios materiales necesarios para asegurar las condiciones de calidad y salubridad que garanticen la dignidad humana de las mujeres.