Poder Judicial del Estado desconoce fallo en su contra, acusa abogado

MORELIA, Mich., 11 de octubre de 2016.- Pese a que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje ordenó al Poder Judicial de la entidad finiquitar adeudos con 13 jueces menores, este ha sido omiso para acatar el fallo, acusó el abogado Fidel Color López.

Color Lopez, defensa de los denunciantes, emitió una carta hecha llegar a esta redacción en la que establece “la injusticia e inconstitucionalidad” en la que ha caído el Poder Judicial de Michoacán, por no acatar el resolutivo.

De acuerdo al abogado defensor, se argumenta lo siguiente: “La injusticia continúa lamentablemente yaciendo dentro de la propia estructura del Poder Judicial de Michoacán, impactando el aspecto humano de dicha institución, ante la indiferencia de sus dirigentes; así, se palpa de manera tangible a partir de junio del año 2013 (dos mil trece), en que se inició por 13 jueces menores de distintos municipios del estado, la demanda que está registrada con el número de expediente 344/2013, ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, donde exigieron el pago por los salarios correspondientes a los años de trabajo y servicio que prestaron a la sociedad como jueces menores.

“Sin embargo, más allá de encontrar al Poder Judicial conciliador que presume ser y que la sociedad se puede jactar de tener, se encontraron con puertas cerradas a través de una contestación de demanda en la que negaron todo derecho de mis representados al pago correspondiente, solicitando por el contrario se declarara infundada su pretensión de pago, pero, no siendo suficiente, en sesión plenaria decidieron el cierre definitivo de los juzgados menores a partir del 15 (quince) de febrero del año 2015 (dos mil quince), por lo que además de que los 13 jueces menores demandantes siguen sin percibir remuneración económica alguna por su labor, en la actualidad fueron removidos del cargo, acuerdo que sirvió al Poder Judicial del Estado para que sus demandantes no tengan más antigüedad para la fecha en que se resuelva en definitiva la demanda, sino que también sirve para que los otros 25 veinticinco jueces que se encontraban en las mismas circunstancias que los demandantes, pierdan la oportunidad de ejercitar acción alguna en su contra”.

De acuerdo al abogado, los demandantes son los jueces Gregorio Heredia Magaña, de Carácuaro (33 años de servicio), Eladio Romero Pedraza, de Queréndaro (31 años de servicio), Ignacio Franco Sepúlveda, de Penjamillo (30 años de servicio), J. Jesús Hurtado Arriaga, de Tingambato (28 años de servicio), Salvador Rodríguez Estrada, de Tancítaro (28 años de servicio), Cecilio Álvarez Lemus, de Ziracuarétiro (27 años de servicio), Proceso Hernández Butrón, de Paracho (24 años de servicio), Gregorio Bautista Tadeo, de Aquila (15 años de servicio), José Alberto Licea Suárez, de Tumbiscatío (14 años de servicio), Ezequiel Razo Amezcua, de Venustiano Carranza (12 años de servicio), Juventino Alberto Ávila Domínguez, de Lagunillas (8 años de servicio), Julio César Torres Zambrano, de Marcos Castellanos (7 años de servicio) y María Guadalupe Medina Núñez, de Churumuco (5 años de servicio).

“Ellos siempre prestaron su servicio como jueces menores sin percibir remuneración económica alguna, a pesar de que se trata de un derecho constitucional consagrado en los artículos 5° y 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen que todo trabajo legal y dignamente realizado debe tener su justa retribución económica; y, expresamente para los Jueces de todo el país, que éstos deberán recibir una remuneración que será adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida durante el encargo”.

En la misiva, Color López refiere que el pasado 14 de marzo el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje resolvió declarar procedente y fundada la pretensión de pago y ordenó al Poder Judicial el pago de los salarios a los respectivos jueces desde el momento en que fueron designados para el cargo, hecho que no ha sucedido.