Plantea reforma electoral local sancionar a candidatos agresores en 2024

MORELIA, Mich., 4 de junio de 2023.- Los candidatos y los partidos que los postulen o contiendan en los procesos electorales de manera independiente serán sujetos de sanciones cuando se acredite que ejercen violencia política en razón de género.

De acuerdo con el Código Electoral las sanciones van desde la amonestación pública hasta la cancelación del registro como partido político o de la candidatura y multas que, en el caso de los institutos políticos pueden ser hasta de 10 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización y hasta dos mil en el supuesto de los candidatos.

Estas sanciones aplicarían si se aprueba el dictamen presentado por la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso del Estado, dentro del plazo de 90 días previos al inicio del proceso electoral, el próximo mes de septiembre, aunque todavía no hay una fecha precisa.

Son varias las reformas aprobadas en la comisión, pero su aprobación por el pleno quedó pendiente el pasado jueves debido a que se suspendió la sesión, por falta de cuórum y todavía no hay fecha para su reanudación.

Una de estas reformas es establecer que la violencia política en razón de género se da cuando se acrediten aquellas acciones que lesionen o dañen la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales, así como cuando se menoscabe, limite o impida, ya sea por acción u omisión el ejercicio de estos derechos.

De manera general se consigna que los derechos político-electorales, se ejercerán libres de violencia política en razón de género, sin discriminación por origen étnico o nacional, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

También se hace una adición para proteger a las víctimas que ejerzan un cargo público y consultarle si requiere que las medidas cautelares que se hayan dictado a su favor continúen a pesar de que haya concluido su encargo.