Pendiente, clarificar uso de recursos contratados en deuda pública

MORELIA, Mich., 27 de diciembre de 2019.-   En sólo siete meses, el Gobierno del Estado contrató deuda pública de corto plazo por 3 mil 900 millones de pesos, señaló el diputado de Morena Alfredo Ramírez Bedolla, y advirtió que la administración de Silvano Aureoles tiene pendiente clarificar en qué se usaron esos recursos.

Indica un comunicado de prensa que, según información entregada por la Secretaría de Finanzas y Administración al Congreso del Estado, apuntó Ramírez Bedolla, el Ejecutivo de Michoacán contrató cinco créditos con Banorte entre el 13 de septiembre del 2018 y abril del presente año.

En 2018 se adquirió deuda por 300 millones de pesos el 13 de septiembre, y por 400 millones el 30 de noviembre; durante el presente año se contrató un crédito  de 800 millones el 30 de marzo, otro por mil 700 millones el 5 de septiembre, y uno más el 26 de abril por 700 millones.

Los créditos bancarios, con un plazo de vencimiento de 365 días, fueron contratados sin autorización del Congreso del Estado, al amparo de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que en su artículo 30 dispone que no se requiere aprobación del Legislativo cuando el monto de la deuda contratada no sea mayor al 6 por ciento de los ingresos de la administración estatal, y el adeudo pueda ser liquidado tres meses antes de concluir el gobierno que contrató la deuda.

Alfredo Ramírez señaló que, aunque la deuda pública se adquirió en apego a la ley, persiste un manejo discrecional de los recursos obtenidos que no abona a la transparencia que demandan los michoacanos, por lo que la Secretaría de Finanzas y Administración debe informar puntualmente con qué objetivo se contrataron esos cinco créditos, y porqué se eligió hacerlo con Banorte.

En esas condiciones de opacidad, abundó, no es conveniente aprobar la contratación de nuevos financiamientos como lo plantea el Ejecutivo en su paquete económico 2020, ya que contempla acceder a financiamientos por más de 4 mil millones de pesos; además, con la federalización de la nómina educativa, que implica un rescate financiero, Michoacán tendrá mejores condiciones y mayor liquidez.

Alfredo Ramírez convocó a sus compañeros diputados a poner por delante el interés general de los michoacanos en el análisis  del paquete económico 2020, y más que aprobar nuevos impuestos o la contratación de nueva deuda,  “buscar una redistribución del presupuesto estatal para propiciar un desarrollo más equitativo de Michoacán, y atender necesidades prioritarias o que requieren atención urgente”.