MORELIA, Mich., 16 de septiembre de 2018.- Sin contar con la autorización del Instituto Nacional de Antropología de Historia (INAH), el Poder Legislativo firmó y pagó un contrato para la instalación de una plataforma elevador para uso de personas con discapacidad, reconoció la ex presidenta de la Junta de Coordinación Política, Adriana Hernández Íñiguez.
La legisladora del Partido Revolucionario Institucional dio a conocer que el costo de esa plataforma elevador fue de 190 mil pesos, pero no recordó el nombre de la empresa con la que hizo el convenio.
“No se logró instalar durante la pasada legislatura porque es un edificio histórico y se requiere la certificación del INAH; como ya había acuerdo lo que se hizo fue firmar un convenio con la empresa que se dedica a eso, porque son especiales, para que sigan la ruta con el INAH sobre cual es el mejor espacio, lo que sí se puede hacer y lo que no”.
Consideró que no hay ningún obstáculo para que se autorice la instalación por parte del INAH, pero es un proceso tardado porque se tiene que encontrar el lugar indicado para causar el menor daño al edificio y está por definirse.
“Si lo van a autorizar, en el ayuntamiento de Morelia hay uno, pero es un poco tardado porque tienen que ver, por ejemplo, si se van a agujerear algunas paredes ver que causen el menor daño, ver si es a un lado de las escaleras o en una esquina, la dimensión, el material, etcétera, pero no veo problema a que lo autoricen, solo es un poco tardado”, insistió.
Hernández Íñiguez rechazó que habilitar un espacio en planta baja para la atención de las personas con discapacidad fuera la solución ya que lo importante es la inclusión y ellos puedan moverse con plena libertad en el Palacio Legislativo.