MORELIA, Mich., 29 de mayo de 2018.- La propuesta de reformar la Constitución del estado para establecer que toda la publicidad del gobierno tenga un carácter institucional, informativo y de orientación, impidiendo así su uso con fines de promoción personal de los funcionarios, no procedió y se mandó a archivo.
Los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales rechazaron darle el ha lugar a la iniciativa presentada por el diputado con licencia, Juan Pablo Puebla Arévalo bajo el argumento de que la propaganda gubernamental ya está regulada en la Constitución general, en su artículo 134:
“La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.
De acuerdo con el dictamen al que se le dará trámite en la sesión del 30 de mayo se señala que el artículo transitorio Tercero del Decreto de 11 de mayo de 2018, por el cual se promulga la Ley General de Comunicación Social, determina la obligación de las legislaturas locales para realizar las adecuaciones normativas en su legislación, de acuerdo con el contenido de la Ley.
“Los integrantes de esta Comisión consideramos que la propuesta de reforma constitucional que se estudia, es de materia reservada al Congreso de la Unión, mismo que ha ejercitado materialmente su función legislativa en materia de normativa de comunicación social, por lo tanto, este Congreso carece de competencia para determinar principios generales, criterios de aplicación, así como de medición, como lo propone la Iniciativa.
“Lo anterior se entenderá que a criterio de esta Comisión, se contravendrían disposiciones de la Ley General, al incluir que los presupuestos destinados para la misma se ceñirán a criterios de eficiencia económica y de impacto social, debiendo medirse éstos a través de variables cuantificables y precisas, ya que esto significa adicionar preceptos no considerados en la legislación reglamentaria, lo que podría actualizar criterios de invasión de esferas de competencias con la federación”, se indica en el dictamen.