No debió ventilarse asunto de mi supuesta inhabilitación: Toño Ixtláhuac

MORELIA, Mich., 23 de abril de 2018.- Como un asunto que no se debió ventilar consideró Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, candidato al Senado de la República por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), la inhabilitación para ejercer cargos públicos que, de acuerdo con la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), pesa sobre él.

Ixtláhuac Orihuela mencionó que “este caso no se debió ventilar porque tiene dos enormes fallas: en primera instancia, la competencia jurisdiccional, y segunda, la no aplicabilidad de las normas”.

Detalló que el proceso de inhabilitación está desfasado por más de un año, además que el presunto pendiente de observaciones por solventar en el ejercicio presupuestal 2009, cuando el priísta ejerció como presidente municipal de Zitácuaro, no existe.

“No tengo ningún problema pendiente de resolver con las finanzas de Zitácuaro, ya que durante mi desempeño al frente del municipio hice un buen trabajo, no endeudé a la ciudad y pagué todos los saldos insolutos, como proveedores y salarios. He participado por cuatro ocasiones en la localidad y he ganado todas”, explicó Ixtláhuac Orihuela.

Demandó a la administración de la entidad que las instituciones no sean utilizadas con fines mediáticos para perjudicar a actores políticos o aspirantes a cargos públicos.

“Éste es un tema más mediático que de contenido jurídico, por eso pido que las instituciones sean serias, no facciosas, incendiarias o al servicio de intereses particulares, pedimos seriedad y respeto”, manifestó.

El abanderado del tricolor por el Senado de la República reiteró que su candidatura es firme y que aparecerá en las boletas electorales el próximo 1 de julio.

La ASM dio a conocer que Ixtláhuac Orihuela enfrenta una inhabilitación que le imposibilita ocupar cargos públicos por tres años, derivada de la resolución del procedimiento AMOP-026/2014, emitida en enero de 2018.

La medida se impuso porque el ex alcalde de Zitácuaro no solventó observaciones correspondientes al ejercicio presupuestal 2009; además de la restricción para ostentar un puesto en el servicio público, la resolución obliga a Juan Antonio Ixtláhuac a reintegrar al erario municipal 12 millones de pesos, monto equivalente a la suma observada y no solventada.