Niega IEM haberse lavado las manos sobre queja contra Ramírez Bedolla

MORELIA, Mich., 13 de julio de 2022.- El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) negó haberse lavado las manos al remitir la queja que interpuso el PRD contra el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, por presuntas violaciones a la norma electoral, y señaló que será el Tribunal Electoral de Michoacán (TEEM) el que diga la última palabra.

En entrevista con Quadratín, el consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán, Ignacio Hurtado, sostuvo que el argumento para remitir la queja a los organismos públicos locales electorales de Aguascalientes y Quintana Roo, es que los hechos denunciados habrían tenido lugar en esas entidades, por lo que el IEM no sería competente.

Apenas el pasado lunes, el presidente del PRD, Octavio Ocampo, acusó al IEM de haberse lavado las manos, pues reclamó que la queja por presunto uso de recursos públicos con fines proselitistas constituye una violación a la Constitución Política de Michoacán, por lo que el órgano electoral de Michoacán endosó, no fue exhaustivo.

“La interpretación que ellos tienen es muy respetable, habrá que esperar a ver qué dice el TEEM; seguramente ahí ellos hicieron valer ese tema como agravio, pues será el Tribunal el que tendrá que determinar si lo que hicimos nosotros fue correcto, y encuadra dentro de la hipótesis que marca el artículo 61”, expuso el presidente del IEM, Ignacio Hurtado.

El consejero electoral comentó que será el TEEM el que juzgue si fue adecuado haber remitido a la autoridad electoral local de Aguascalientes y Quintana Roo, respecto a lo cual, señaló que el artículo 61 de la Constitución no habla de qué tipo de elecciones, si locales o de otras entidades.

“Nosotros seguimos reiterando que la autoridad encargada es la de aquellas entidades, pero ahora insisto, creo que es un tema de interpretación y, en todo caso, será el Tribunal el que tendrá la última palabra”, comentó Ignacio Hurtado.

La queja contra Ramírez Bedolla fue interpuesta por el PRD el pasado 2 de junio, por el presunto uso de recursos públicos con fines proselitistas en Aguascalientes y Quintana Roo, para apoyar a sus candidatos afines; así como el presunto uso de canales de comunicación oficiales para promover propaganda de Morena.