Estado y municipios, obligados a regular desarrollo urbano

MORELIA, Mich., 29 de noviembre de 2017.- El estado y los municipios deben hacer frente a sus responsabilidades en materia de desarrollo urbano, por lo cual es necesario retomar diversas medidas previstas en la Ley General para que las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal sujeten la ejecución de sus programas de inversión y obra a las políticas de ordenamiento territorial y a los planes de desarrollo urbano.

A través de un comunicado de prensa, así lo aseguró la diputada Adriana Hernández Íñiguez, coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, al presentar la iniciativa para reformar y adicionar diversos artículos del Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán de Ocampo.

La legisladora por el distrito de La Piedad afirmó que “se trata de una propuesta de reforma integral que permitirá dotar a los centros de población de herramientas para un crecimiento urbano ordenado, que se traducirá en más y mejores servicios y por tanto, en una mayor calidad de vida para los michoacanos”.

Hernández Íñiguez mencionó que la explosión demográfica en las grandes urbes supone una enorme presión para los tres niveles de gobierno, pues la llegada masiva de población rural trae consigo la creación de asentamientos en los que lo único abundante son las necesidades.

En tal sentido, afirmó que actualmente los gobiernos federal, estatales y municipales se ven obligados a proveer de servicios básicos sin contar con recursos suficientes para ello y el estado de Michoacán no ha sido ajeno al proceso de urbanización, ni a las consecuencias que éste acarrea.

La presidente de la Junta de Coordinación Política explicó que en su propuesta se clarifica el concepto de utilidad pública ampliando las causales previstas; establece que la Estrategia Territorial Estatal Intersectorial podrá ser reformada cada veinte años y sugiere que el Estado y los municipios promuevan la participación ciudadana en todas las etapas del proceso de ordenamiento territorial y la planeación del Desarrollo Urbano y Metropolitano.

Propone que los ayuntamientos deberán consultar a la Secretaría, sobre la congruencia, coordinación y ajuste del programa municipal con la planeación estatal y federal y se regula de manera especial las zonas metropolitanas concebidas como espacios territoriales de influencia dominante de un centro de población.

Finalmente se estipula que en los procesos de planeación urbana se privilegie el diseño, adecuación, mantenimiento y protección de espacios públicos, teniendo en cuenta siempre la evolución de la ciudad, mientras que las autorizaciones para el crecimiento urbano se ajusten a los estudios de prevención de riesgos geológicos e hidrometeorológicos.