CIUDAD DE MÉXICO, 17 de junio de 2016.- Luego de que en el Senado de la República se aprobara la Ley 3de3, cuyo propósito era transparentar el uso de los recursos por parte de de los servidores públicos y evitar el mal uso de los mismos, el Partido del Trabajo califica dicha normatividad como una simulación toda vez que permite a los funcionarios no publicar su declaración patrimonial completa, además de que no es imputable al Presidente de la República y excluye a los empresarios que tienen contratos con el gobierno más no así a sus trabajadores.

 

Según un comunicado, dejamos claro que respaldamos la demanda de la ciudadanía por crear instrumentos que combatan la corrupción y permitan el fortalecimiento de la transparencia y la vida democrática del país, sin embargo, la ley en cuestión es un pésimo reflejo de la iniciativa ciudadana, por tanto, consideramos indispensable que los legisladores rectifiquen y hagan los cambios necesarios para apegarse a lo que clama la sociedad civil.

 

Asimismo, consideramos que para la formulación de una ley se requiere del diálogo, la confrontación respetuosa de posiciones y el consenso de las distintas fuerzas políticas, sin embargo la Ley 3de3 adoleció de ello, ya que los senadores del Partido del Trabajo fueron excluidos y una vez más se incurrió  en el monopolio de la toma de decisiones por parte del PRI, PAN y PRD, lo que derivó finalmente en una ley hecha “a modo”.

 

En este contexto, reprobamos que se quiera legitimar la impunidad y para ello se establezca un sistema en el que sólo se camuflen los órganos que habrán de encargarse de operar la ley, mismos que ya existen y sólo cambiarán de denominación, a ello se agrega que sea el Presidente de la República quien designe a los titulares de las carteras, es decir, será juez y parte.

 

Estamos a favor de la transparencia y en contra de la corrupción, estamos convencidos que la solución de fondo no se acota a una ley pero puede ser una avance siempre que se retome fielmente el sentir de una sociedad harta de corrupción y engaños, se tiene que atacar el problema de raíz y ello incluye a la figura presidencial y a los empresarios que tienen vínculo con el sector público, de lo contrario, sólo será una ley simuladora y laxa ante los grandes y graves problemas de enriquecimiento ilícito, conflicto de intereses y tráfico de influencias.

 

Los petistas lamentamos que se haya perdido el sentido de la iniciativa ciudadana, por lo que hacemos un llamado a la Cámara de Diputados para que no se convierta en Oficialía de partes, sino que subsane las deficiencias de la ley y se perfile una política integral anticorrupción.