La jurisprudencia ha fortalecido los derechos político-electorales

CIUDAD DE MÉXICO, 25 de junio de 2016.- Manuel González Oropeza, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aseguró que la figura de la jurisprudencia ha fortalecido los derechos político-electorales, principalmente de las mujeres para contender en los comicios y acceder a los cargos de elección popular.

De acuerdo con un comunicado, “la jurisprudencia puede hacer mucho, permitió avanzar en materia de paridad de género horizontal para los municipios, la cual no está contemplada en el artículo 41 constitucional, está contemplada para las Legislaturas de los estados; aquí la Sala Superior la amplió”, expresó.

En el marco de la presentación del libro Hacia una democracia paritaria. La evolución de la participación política de las mujeres en México y sus entidades federativas, realizada en la Casa de la Cultura Jurídica, en Mérida, Yucatán, el Magistrado indicó que la justicia electoral ha intervenido para garantizar los derechos humanos.

“La Constitución Política federal nos obliga a proteger y promover la defensa de los derechos político-electorales, que son derechos humanos; por lo tanto los tribunales somos garantes de la  supremacía constitucional”, señaló.

A su vez, Karolina M. Gilas, investigadora del Centro de Capacitación Judicial Electoral y coautora del texto editado por el TEPJF, afirmó que la inserción de la mujer en la vida política ha sido paulatina, y en este fortalecimiento, las sentencias emitidas por el organismo jurisdiccional han sido relevantes.

“En este fortalecimiento hay tres actores importantes: las autoridades electorales, mujeres ya inmersas en la política desde los partidos políticos, y los movimientos feministas. Entre todos ellos se han fortalecido los derechos y se ha logrado mayor representación”, dijo.

Los jueces aplican los principios de neutralidad e imparcialidad para garantizar la equidad

Por la mañana, el magistrado González Oropeza moderó la presentación del libro Utilización de recursos públicos con fines electorales y su control constitucional,realizada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Yucatán. Ahí indicó que los operadores jurídicos han tutelado los derechos político-electorales e implementado los principios de neutralidad e imparcialidad en los comicios.

Los jueces han logrado garantizar la equidad en las contiendas, a pesar de que el artículo 134 constitucional no cuenta con la ley reglamentaria. “Lo que hemos establecido es el principio de que ninguna autoridad podrá utilizar los recursos públicos a favor o en contra de otro candidato o partido. Ha sido difícil, principalmente por la ausencia de parámetros legislativos”, precisó.

El Magistrado de la Sala Superior dijo que la falta de ley reglamentaria no es una problemática exclusiva de México, “en contrario estamos en avanzada a nivel internacional. En la Comisión de Venecia –órgano consultivo del Consejo de Europa- hicimos un análisis, mapeamos las legislaciones de otros países y hay algunos países, que consideramos fundadores del sistema jurídico occidental, y no tienen ninguna intención, en su Constitución, de evitar que las autoridades intervengan en la contienda electoral”.

Explicó que la Comisión de Venecia, de la cual forma parte, preparó un dictamen que se aprobó con relación al mal uso de recursos administrativos en las campañas electorales y esta experiencia lo inspiró a proponer algunos lineamientos a nivel internacional, los cuales están transcritos en la parte final de la obra.

Por su parte, Fernando Javier Bolio Vales, magistrado del Tribunal Electoral de Yucatán, aseguró que en el sistema electoral mexicano los partidos políticos son la columna vertebral y cuestionó el abuso de propaganda electoral en diversos mobiliarios para promover a los candidatos.