“Justo, que nuevo edil afronte problema con Geoingeniería Aplicada”

MORELIA, Mich., 13 de julio de 2021.- Me parece justo que la próxima administración municipal afronte y resuelva el problema con la empresa Geoingeniería Aplicada, para el pago de 46 millones de pesos por parte del ayuntamiento de Morelia, aseveró Humberto Arróniz Reyes, alcalde de la capital del estado.

El edil de Morelia afirmó que quienes habrán de participar en la gestión municipal 2021 a 2024 fueron parte del gobierno local 2015 a 2018, cuando se realizó la actualización catastral a cargo de la empresa de procedencia veracruzana Geoingeniería Aplicada, caso por el que el municipio fue sentenciado a pagar 46 millones de pesos.

Aseguró que exservidores públicos en activo en el período de referencia y que presumió serían nuevamente parte del gabinete municipal a partir de septiembre de este año contrataron a la empresa para, a cambio de una proporción de los ingresos propios, llevar a cabo la actualización catastral de inmuebles, y permitieron un contrato que calificó como leonino.

“Me parece justo que sea la próxima administración quien lo resuelva, ya que ellos generaron el problema y permitieron el contrato, leonino, una situación grosera con asociaciones público privadas (APP) ajenas al estado que cobró parte del ingreso del municipio”, reiteró.

Agregó que al momento de asumir la presidencia municipal, tras la petición de licencia del alcalde constitucional, Raúl Morón, el juicio interpuesto por Geoingeniería Aplicada para reclamar el pago de sus servicios, conforme el contrato signado, “ya estaba perdido”, a pesar que previo a ello se tuvo la intervención de despachos externos de abogados, a quienes se entregaron sumas importantes de recursos para buscar evitar una resolución judicial adversa para el gobierno local.

Cuestionado en torno de la implementación de una estrategia donde de manera deliberada se aplazaron los procedimientos para heredarlos sin resolver a la siguiente administración, como reclamara en una anterior oportunidad Geoingeniería Aplicada, Arróniz Reyes indicó que “la estrategia fue ganar, aunque recibiría los juicios perdidos lo reintentamos”.

Señaló que el municipio no dispone actualmente de la suma referida en la sentencia, 46 millones de pesos, porque no fue presupuestada, u no expuso si habría mecanismos alternos de negociación para pagos parciales o redefinición del monto a entregar.

Reiteró que la siguiente administración municipal y la empresa se “van a ponerse de acuerdo, porque entre ellos se hizo el contrato original”.

La actual administración municipal interpuso 52 denuncias, 12 demandas y más de 140 procedimientos administrativos en contra de exfuncionarios locales, principalmente, de la gestión 2015 a 2018.

Humberto Arróniz manifestó que “no quisimos hacer de la denuncia y la persecución una de nuestras principales banderas, no estaba en nuestro programa la persecución de corruptos y deshonestos, lo que le dio ese tinte es que los informes a las autoridades y las denuncias no siguieron su curso, por eso todavía estamos hablando de ellas. Sí las autoridades no hubieran tenido una actitud indolente y de franca complicidad, el asunto ya no sería tema”.

En el período 2015 a 2018 el municipio contrató a la empresa Geoingeniería Aplicada para llevar a cabo la actualización catastral de inmuebles que pasaron de terrenos a construcciones; tuvieron un aumento en la cantidad de metros cuadrados de edificación reportados, o tuvieron una mejora en la infraestructura urbana adyacente.

Además de poner al día el registro catastral, la pretensión fue incrementar los ingresos propios del ayuntamiento de Morelia, de los cuales el impuesto predial es el de mayor participación.

La empresa recibiría como contraprestación el 30 por ciento de los recursos captados de forma efectiva por su labor, lo que se traduce en que de cada 10 pesos que el municipio recaudara adicionales al monto vigente previo a la actualización catastral, tres serían para pagar las labores de Geoingeniería Aplicada.

La empresa dio a conocer, semanas atrás, que el municipio fue sentenciado a pagar alrededor de 47 millones de pesos por el incumplimiento de este contrato, un proceso que si bien trató de negociar, funcionarios como Humberto Arróniz; María de los Remedios López, tesorera municipal, y Labinia Ortega, síndica municipal, obstaculizaron con su negativa al diálogo.

Agregó que la sentencia prevé la imposibilidad de negociar el pago de la suma.

Hasta ahora, el municipio no ha solventado esta obligación, que, de acuerdo con el edil capitalino, quedaría como parte de las responsabilidades que tendría que asumir la gestión que estará en funciones a partir de septiembre próximo.