Juicio político contra López Sagaldo por no auditar crédito de 1,340 mdp

MORELIA, Mich., 28 de enero de 2018.- Por no atender el mandato del pleno de auditar un crédito contratado por el Gobierno del Estado con Multiva por la cantidad mil 340 millones de pesos, al auditor superior José Luis López Salgado se le iniciará un procedimiento de juicio político en el Congreso del Estado.

De acuerdo con el dictamen aprobado la mañana de este domingo en reunión de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, se señala que el Auditor no cumplió con diligencia la instrucción que el Pleno del Congreso del Estado le hizo a través del decreto 351, publicado el 26 de noviembre de 2014.

De constancias se advierte que la información que se le solicito la hizo llegar al diputado presidente de la Comisión Inspectora de la Auditoria Superior de la 72 posterior a la fecha que se le concedió, rindiendo además un informe en el que no agotó el principio de exhaustividad en la investigación, ni tampoco llevó a cabo la revisión, fiscalización y evaluación a que está obligado.

“No llevó a cabo la auditoria que se le instruyó, sino que se limitó a transcribir informes recibidos por la Secretaría de Finanzas y Administración del Poder Ejecutivo del Estado y por la fiscalización realizada a la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal del ejercicio fiscal 2013, eludiendo la responsabilidad en la veracidad de los datos contenidos en el informe, así como ser omiso en el inicio de los procedimientos de responsabilidades por las presuntas irregularidades detectadas en la contratación y aplicación del crédito simple contratado con Banco Multiva”.

Los diputados concluyeron que la conducta de López Salgado hace procedente la denuncia de juicio político presentada el pasado 14 de diciembre por ciudadanos agrupados en el Centro Michoacano de Evaluación (Cemide).

El dictamen será presentado al pleno de la 73 legislatura y votado a favor por mayoría para poder ser turnado a la Comisión Jurisdiccional, que es la responsable de llevar a cabo esos procedimientos, en los que las partes deben presentar pruebas y hacer los alegatos que consideren pertinentes antes de que, en sesión privada, se realice el juicio político.