Compromete Araceli Saucedo protección de medio ambiente desde Senado
MORELIA, Mich., 8 de abril de 2019.- La desintegración de municipios como Nahuatzen ante la autonomía que judicialmente se ha reconocido a sus comunidades indígenas, representa un riesgo para los municipios y para el estado, reconoció el presidente de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales del Congreso del Estado, Hugo Anaya.
El diputado por el distrito de La Piedad dijo que su preocupación inicial es la responsabilidad de los alcaldes en el manejo y comprobación de los recursos porque, independientemente de que se entreguen a las comunidades, siguen siendo ellos los responsables de la hacienda pública y de la comprobación de los recursos.
Consideró que la exigencia que hacen las comunidades indígenas para que no se les audite de la misma manera en que se hace en los ayuntamientos, lo cual es porque son recursos públicos generados por todos los mexicanos y tienen la obligación de comprobarlos de la misma manera.
“No podemos justificar que por usos y costumbres no pueda haber una rendición clara de cuentas, creo que de ahí tendríamos que empezar el tema de la responsabilidad de los alcaldes y buscar un esquema en el que se pueda beneficiar a las dos partes sin que se deje de cumplir lo que marca la ley.
“Tendremos como Congreso que sentarnos a revisar con calma los alcances del ejercicio directo del presupuesto que corresponde a las comunidades indígenas para evitar cualquier eventualidad y para que realmente sea en beneficio de las comunidades indígenas que son parte de Michoacán”.
El legislador del Partido Acción Nacional consideró que una salida podría ser que las comunidades, como ya lo hacen algunas, decidan en qué quieren ejercer su presupuesto y el presidente municipal lo aplique, sin que necesariamente se les tengan que entregar los recursos para que los alcaldes no pierdan el control de los recursos y pueda rendir cuentas.
“Yo no he tenido la oportunidad de platicar directamente con ellos, pero vamos a tener que hacerlo; el fondo es que los recursos se apliquen a las necesidades que ellos tienen, entiendo que eso es lo que están defendiendo, no tanto que les entreguen el dinero, sino que se utilice en las necesidades que tienen y que ellos decidan en que se invierte”.
De esa forma se podría cumplir con la ley, se acata el mandato judicial y el ayuntamiento puede rendir cuentas porque el reconocimiento de un cuarto nivel de gobierno no depende del Congreso del Estado sino del Congreso de la Unión.