MORELIA, Mich., 15 de marzo de 2019.- Organizar una consulta popular o un ejercicio de revocación de mandato costaría a los mexicanos aproximadamente 10 veces más si se realiza en periodo y fecha diferidos a la elección federal que si se hace al mismo tiempo que ésta, advierten autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE).
El asunto se inscribe en el renglón de una promesa de campaña del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien ofreció que cumplidos tres años de su sexenio, lo cual será en 2021, en que se elegirán diputados federales, 13 gubernaturas y ayuntamientos, aprovecharía para consultar a la población si desea que continúe o se retire del cargo.
Pero la oposición no advierte con buenos ojos la presencia de López Obrador en la boleta, ven una intervención directa del presidente en el proceso electoral 2021, lo que va en contra del artículo 134 constitucional, que desde 2007 estableció el veto de propaganda gubernamental a los servidores públicos en contextos electorales para garantizar equidad.
En entrevista con Quadratín, en el contexto de las reformas al artículo 35 constitucional y a la Ley Federal de Consultas Populares, el vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE, David Alejandro Delgado Arroyo, advirtió la existencia de un complejo dilema entre el veto constitucional al proselitismo de servidores públicos y el costo presupuestal del reclamado “piso parejo”.
“Si se realiza en una fecha distinta, considero, sin tener el dato exacto, que podría incrementarse 10 veces el costo de un ejercicio de revocación de mandato; ahora, si se realiza durante el mismo proceso electoral yo calcularía que no rebasaría 10 por ciento el incremento del presupuesto que el INE normalmente requiere”, explicó.
Detalló que más que la impresión de boletas, adquisición de urnas, mamparas y algunos materiales adicionales, el proceso de integración y ubicación de casillas es lo que resulta más caro porque se requiere de contratación de capacitadores y asistentes electorales, cubrir gastos para movilización y operación.
“Si se hiciera en una fecha distinta a la elección federal se resolvería el problema de la propaganda personalizada del servidor público pero se agregaría un problema presupuestal porque se tendría que hacer nuevamente todo el ejercicio de una elección; es un dilema que tendrán que resolver los legisladores”, expuso Delgado Arroyo.
De acuerdo con la consultora Integralia, las elecciones de 2018 tuvieron un costo aproximado de 28 mil 022.5 millones de pesos, lo que la convirtió en la elección más cara de la historia de México.
En 2021 se renovarían 13 gubernaturas, entre ellas la de Michoacán, así como la Cámara de Diputados, no habría elección de presidente ni senadores, sin embargo, el despliegue operativo del INE para la organización suele ser similar.