MORELIA, Mich., 14 de octubre de 2019.- A un año de que se facultó a los notarios públicos para realizar divorcios administrativos nuevamente quedó en evidencia la falta de rigor en el trabajo de la 73 Legislatura porque, cuando se empezaron a llevar a cabo, surgieron problemas administrativos que impiden certeza en ese trámite.

Fue el gobernador Silvano Aureoles quien hizo notar esos detalles a la actual legislatura al enviar una iniciativa de ley para reformar la Ley Orgánica del Registro Civil y del Código Familiar y evitar amparos que generarían descrédito al Poder Legislativo del Estado.

En su exposición de motivos el mandatario estatal señala que el pasado mes de abril se realizó el primer divorcio administrativo ante notario público, acto que generó un problema de tipo administrativo cuando se solicitó su inscripción ante el Registro Civil, ya que no se pudo hacer porque esa figura no está establecida en la ley.

“Surge la necesidad de actualizar el marco normativo estatal con el propósito de darle certeza jurídica a ese acto del estado civil y subsanar el vacío legal que se generó con la aprobación de la reforma a la Ley del Notariado, la que en su momento no fue acompañada de la parte adjetiva que establezca claramente el procedimiento de asentamiento y requisitos que debe reunir el divorcio administrativo notarial”.

Esa situación puede causar un grave perjuicio a los interesados, razón por la que esa figura debe ser reconocida por la Ley Orgánica del Registro Civil y el Código Familiar, en cuyos cuerpos de normas deberán de señalarse sus requisitos y procedimiento para ser asentado en la Oficialía en donde se celebró el matrimonio.

“Se debe dar plena certeza jurídica al divorcio administrativo notarial, lo cual reduciría significativamente la carga de trabajo del Poder Judicial del Estado, ya que muchas veces el acudir ante el órgano jurisdiccional para disolver el vínculo matrimonial cuando las partes están de acuerdo, sólo genera una saturación de asuntos en los tribunales y el uso innecesario de los recursos humanos y materiales de éstos”.

Señala en la iniciativa el Gobernador que aun y cuando el Estado debe garantizar la unidad básica de la sociedad que es la familia, también lo es que debe ofrecer la posibilidad de disolver el vínculo matrimonial cuando las partes así lo decidan, a través de una gama de trámites y servicios que ofrezcan certeza y seguridad jurídica a las partes.