La gente valora votar por el trabajo de los candidatos: Daniela
MORELIA, Mich., 26 de agosto de 2018.- La dependencia del Gobierno del Estado y una participación ciudadana prácticamente anulada por el diseño barroco que tiene el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), son los principales retos que enfrenta el combate a la corrupción, afirmó la comisionada Rosmi Bonilla Ureña.
En un diagnóstico que elaboró como integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) señaló que el diseño del Sistema es complejo y resta participación al Comité Ciudadano ya que, en realidad, el órgano rector y de gobierno recae sobre el Comité Coordinador conformado por funcionarios de la administración pública.
Es el Comité Coordinador quien toma las decisiones sobre las políticas públicas a implementar, las recomendaciones que se harán a los órganos del estado para mejorar sus prácticas y quienes toman las decisiones en materia de administración de la Secretaría Ejecutiva.
El papel del Comité de Participación Ciudadana se restringe a una especie de asesoría y de observatorio ciudadano. No tiene injerencia en la toma de decisiones del Comité Coordinador ni está vinculado a la Secretaría Ejecutiva.
Por ello propone que el Comité de Participación Ciudadana sea el máximo órgano de dirección del Sistema y que las instituciones que conforman el actual Comité Coordinador tengan voz, pero no voto en las decisiones que se tomen.
Además, el máximo órgano rector del Sistema está integrado por los propios funcionarios a los que debe vigilar. Hay una subordinación del sistema a los intereses y a la agenda de los funcionarios que integran el Comité Coordinador y, por tanto, del gobierno en turno, señala la comisionada ciudadana.
La Secretaría Ejecutiva no es un organismo autónomo sino una paraestatal, por lo tanto, depende en esencia de la administración estatal en turno y de sus intereses, por lo que la recomendación que hace es la de convertirla en un organismo autónomo.
Las recomendaciones no son vinculantes y constituyen un conflicto de interés ya que es el Comité Coordinador, conformado por funcionarios, el que las emite por lo que sugiere seguir el esquema legal y el proceso que llevan las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Incluso, señala que hay falta de voluntad para su instalación ya que a la fecha no se ha podido liberar el recurso presupuestal para iniciar operaciones, pese a que ya vencieron todos los plazos para hacerlo y hay tensión hay interior del Comité Coordinador por la falta de eficacia que ha quedado en evidencia.