MORELIA, Mich., 24 de noviembre de 2021.- La capacidad técnica de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) está vinculada a la autonomía presupuestal y de volver a depender del Congreso del Estado perdería su Registro Federal de Causantes (RFC) y con él, los convenios que ya se tienen con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Sistema de Administración Tributaria (SAT), y no se conocería siquiera la plantilla de personal.

Así lo advirtió Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, titular de ese organismo centralizado al Poder Legislativo, pero con autonomía financiera y técnica que en el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2022 se propuso eliminar la asignación directa de recursos para que vuelva a depender 100 por ciento del criterio de los diputados para poder mantenerse con magros resultados como ocurría hasta hace dos años.

Prueba de ello son los más de 100 expedientes de 2012 que prescribieron sin la ASM hiciera nada, pero eso ya no ocurre y se lograron rescatar de la prescripción todos los expedientes de 2015 a 2017 y de 2018 a la fecha se trabaja bajo la nueva ley y ya con las unidades de investigación y sustanciación que debieron establecerse desde 2017, pero apenas se logró hacerlo el año pasado.

Y aún así ya se han turnado expedientes al Tribunal de Justicia Administrativa del Michoacán (TJAM), así como a la Fiscalía Anticorrupción, porque, señaló la Auditoría no persigue ni encarcela a delincuentes, solo aporta pruebas tanto al Tribunal como a la Fiscalía, organismos ante los que se vuelve la parte acusadora de quienes han cometido algún acto de corrupción.

El auditor consideró que la desaparición de la UPP de la ASM es un tema político porque los resultados son públicos y el manejo de los recursos es transparente y está publicado en la página oficial de la ASM, por lo que, si en lo sucesivo no se tendrán recursos para pagar auditores y viaticarlos, menos resultados que los logrados en los dos años que tiene al frente de la institución habrá.

Consultado vía telefónica sobre la propuesta del Ejecutivo estatal, lamentó que tenga esa visión y confió en que el Congreso del Estado haga una contra propuesta que permita la permanencia de la UPP y se impida un gran retroceso en las tareas de fiscalización que ordenan los diputados ya que son ellos los que deciden qué entes se fiscalizan y qué tipo de auditorías se les aplican, financieras, de obra o de cumplimiento.