Estado tiene que garantizar autogobierno: Humberto Urquiza

MORELIA, Mich., 1 de junio de 2022.- El autogobierno y el ejercicio del presupuesto directo es un derecho de las comunidades indígenas y un nuevo modelo de desarrollo que no se puede ni debe ver como un asunto de dinero, afirmó el subsecretario de Enlace Legislativo del Gobierno del Estado, Humberto Urquiza.

“Mientras lo veamos como un tema de dinero habrá conflictos en las comunidades indígenas y no hay forma de resolverlos, pero si se ve desde la perspectiva de los derechos humanos y del autogobierno la percepción cambia.

“Desde el punto de vista de los Derechos Humanos no hay vuelta atrás y el Estado tiene que garantizar su cumplimiento y, por todas las experiencias vistas, a fin de cuentas, los ayuntamientos que se resisten no les queda de otra que aceptar que es un derecho de las comunidades indígenas y el autogobierno requiere más voluntades que dinero”, indicó.

Consideró que, si este proceso se ve desde la perspectiva de los Derechos Humanos, se descontamina, deja de ser bueno o malo y solo es un derecho que las comunidades indígenas pueden ejercer o no y el Gobierno tiene la obligación de generar las condiciones para ello.

“La cultura política tiene que ser menos política y más jurídica. No es quién tiene el poder, no es quién tiene el dinero, no es quién tiene el dinero tiene el poder o de qué partidos políticos son, no, es un tema de comunidad, de un nuevo modelo de desarrollo, de derechos humanos y punto, pero ¿no conviene o no se puede visualizar así?”, puntualizó.

Urapicho, Zirahuén Jarácuaro, Santiago Azajo o Crescencio Morales, son solo ejemplos de los conflictos que se originan en el tránsito al autogobierno porque además no se ha “legalizado” estableciéndose en leyes, pero se está trabajando en un primer paquete de iniciativas que se espera presentar al Congreso del Estado con el inicio del segundo año legal de la 75 Legislatura, adelantó.

Hasta ahora, lo único que está “legalizado” es el proceso de consulta previa, libre e informada que realiza el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) en las comunidades indígenas que quieren transitar del régimen de partidos al autogobierno y al ejercicio directo del presupuesto.

Se ha avanzado en algunos aspectos como la rendición de cuentas que ya está en la Ley de Fiscalización Superior o en las obras por cooperación en las que se puede participar con dinero, mano de obra o materia prima que también ya se incluyó en la ley respectiva.

Están en proceso la “legalización” de las rondas comunitarias y dar facultades al Tribunal Electoral del Estado de Michoacán para que pueda tener competencia y resuelva cualquier diferencia que se tenga al interior de las comunidades en el ejercicio del autogobierno y del presupuesto directo.

Para llenar ese vacío legal el Gobierno de Michoacán elaboró un Protocolo que se realiza por acuerdo administrativo, pero falta normar todo el proceso ante los ayuntamientos, la notaría, la Secretaría de Finanzas y Administración o el SAT, así como el acceso a programas gubernamentales como el Fortapaz o el Faeispum, indicó el funcionario estatal.