MORELIA, Mich., 14 de septiembre de 2021.- Las estadísticas de homicidios dolosos generadas por la Federación son los únicos análisis en su tipo que resultan confiables, ya que para otros ilícitos, como el robo, los datos están sesgados por la falta de denuncia de víctimas, afirmó Alfonso Martínez Alcázar, alcalde de Morelia.

Expuso que como parte de las actividades policiales en el municipio se encuentra el levantamiento de denuncias, lo que fue dejado de lado en los últimos tres años, ya que, al facilitar a los afectados el denunciar, los números de estadísticas de incidencia delictiva se incrementarían.

Así, actualmente se tiene en la capital michoacana una cifra negra o proporción de delitos cometidos no denunciados que, se estima, sería mayor a la registrada en el período 2015 a 2018, atribuible, reiteró Alfonso Martínez, a la exclusión de los policías municipales en el levantamiento de denuncias de víctimas de crímenes.

El edil capitalino insistió en que, aunque facilitar el levantamiento de denuncias representa un repunte en las cifras de la criminalidad, también posibilita el conocimiento del comportamiento de los delincuentes, las zonas que afectan, los modos de operación, entre otros, para configurar un plan de intervención.

Cuestionado en torno de la estrategia que se aplicará en Morelia para buscar abatir tanto la cifra negra como la incidencia delictiva real, Martínez Alcázar indicó que por ley los municipios no tienen facultades para investigar o combatir la criminalidad organizada, pero “no todos los delitos, especialmente los homicidios dolosos, tienen este origen; la función de la Policía Municipal es dar orden a la ciudad y con eso se verá una reducción de la delincuencia”.

Luego que en su campaña político electoral criticara al gobierno municipal en funciones por el alza detectada en la incidencia de los homicidios dolosos entre 2018 y 2021, Alfonso Martínez afirmó que su posicionamiento “no es un deslinde o un no sabemos”, sino que se requiere de la participación de la Federación y el estado, que tienen las facultades legales para afrontar la delincuencia organizada.