Ejecutivo no cumple con Ley para Inclusión de Personas con Discapacidad

MORELIA, Mich., 7 de junio de 2023.- La Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad obliga a los tres Poderes del Estado a que un mínimo de sus trabajadores tenga alguna condición, sin embargo, no cumple el Poder Ejecutivo. 

En su Artículo 42., establece que “es obligación de los tres Poderes del Estado, gobiernos municipales, sus organismos descentralizados, empresas de participación estatal y organismos autónomos garantizar la inclusión laboral de las personas con discapacidad, teniendo la obligación de contratar, como mínimo el tres por ciento de la planta laboral correspondiente a personas con discapacidad”, no obstante, no hay tal condición el en Poder Ejecutivo y mucho menos en posiciones de poder o toma de decisiones, declaró el diputado Víctor Hugo Zurita Ortiz. 

En entrevista exclusiva durante su participación en un evento del Club Rotario de Morelia, refirió en lengua de señas mexicana, “en puestos de tomas de decisiones que esté representando en el Poder Legislativo, solo yo, y en el Ejecutivo no hay, en puesto de toma de decisiones”, porque el lugar que un día ocupó una persona con discapacidad, en la actual administración está ocupado por la exdiputada federal Yolanda Guerrero Barrera”. 

“Antes estuvo un compañero en la Comisión para Prevenir y Erradicar la Discriminación, pero actualmente no la hay; la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad dice que mínimo tres por ciento de la plantilla laboral debe estar en trabajo, pero no se cumple”, enfatizó el diputado local, quien preside la Comisión Especial de Atención a Personas con Discapacidad. 

En Michoacán hay un estimado de 826 mil personas con discapacidad, según reveló el diputado, pero sus condiciones de vida y participación en la vida política electoral, se ignoran. 

De cara a las elecciones del 2024, Zurita Ortiz aseguró que se le ha hecho especial hincapié al Instituto Electoral de Michoacán para que se cuiden las formas y procesos para que quienes sean designados para las acciones afirmativas, sean personas en situación de discapacidad y no sean aprovechados por políticos que se niegan a dejar el poder. 

Para el empleo, contratación e inserción en puestos de la administración pública de las personas con discapacidad, se emplearán profesionales cuyo perfil cubra las necesidades del puesto o los requisitos de la convocatoria respectiva, en toda convocatoria pública para contratación de personal, asignación de plazas o puestos de trabajo, se deberá de reservar como mínimo el 3% de las mismas para personas con discapacidad.

“Han utilizado las acciones afirmativas como trampolín porque no quieren dejar los espacios, no quieren que otros liderazgos asuman también el compromiso con la ciudadanía; desgraciadamente los partidos políticos pusieron a personas con discapacidad como suplente y dijeron que con ello ya cumplían con la acción afirmativa”, arrebatando con ello una oportunidad al sector, declaró el diputado.  

Por lo que para este año, también se analiza los mecanismos de participación político electoral de las personas con discapacidad, para que se respeten sus derechos políticos.