MORELIA, Mich., 5 de agosto de 2020.- Contener las repercusiones económicas derivadas de la crisis sanitaria por la pandemia del Covid 19 y evitar un retroceso en la disminución de la pobreza, así como en la disminución de las carencias sociales, es el principal desafío del Gobierno del Estado, advierte el Consejo Estatal de Población (Coespo).
Aunque Michoacán se encuentra entre los estados de mayor disminución de la pobreza en los últimos 10 años y el mayor de 2016 a 2018, el impacto económico de la pandemia podría tener efectos más visibles, de ahí que el principal desafío sea lograr contener las repercusiones económicas.
En el tema del ingreso cuyo indicador se encuentra ligado a la ocupación formal, en los distintos contextos, incluso bajo los escenarios más positivos, se estima una pérdida significativa de empleo.
Las acciones impulsadas desde el Gobierno del Estado respecto del subsidio al impuesto de nómina, como los mil millones en créditos de seis a 250 mil pesos, dirigidos a empresas familiares, pequeñas y medianas, constituyen un estímulo económico, clave en la protección del empleo. Sin embargo, aún con estos incentivos es previsible un aumento en la de por sí elevada tasa de empleo informal, reconoce ese organismo gubernamental.
Sobre la entrega de despensas alimenticias a través del Programa Michoacán Alimenta dirigido a personas en vulnerabilidad considera es un esfuerzo que si bien es loable, éste se encuentra limitado a la capacidad financiera y presupuestal estatal, derivada de los reajustes realizados desde la federación.
En este sentido, es fundamental asegurar cuando menos la no disminución de aquellos derechos sociales, relacionados con la salud, el acceso a servicios básicos de la vivienda y la alimentación. Carencias que, según la última evaluación del Coneval para Michoacán, se encuentran entre las de mayor reducción en los años recientes.
Si bien la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno es clave en la atención de la emergencia sanitaria, debe destacarse que las acciones implementadas desde el estado han sido la diferencia en la atención y mitigación de las repercusiones económicas y sociales, como del control en el contagio para Michoacán, se indica en el boletín sociodemográfico de Coespo.
Con base en los análisis realizados por distintas instancias nacionales e internacionales la institución hizo un listado de 11 objetivos y propuestas de acción gubernamental desde el ámbito local, relacionadas con la atención a la pobreza y el bienestar social de la población, en el marco de la contingencia sanitaria.
Focalizar y priorizar el gasto público. Ante los ajustes presupuestales a los estados y municipios, es fundamental dirigir los recursos de manera estratégica, por prioridad de atención en razón del nivel de vulnerabilidad por grupo poblacional, según sus condiciones socioeconómicas de rezago social y marginación; tanto en el gasto ordinario como en el de atención a la emergencia sanitaria.
En la generación de política pública como de cualquier tipo de acción gubernamental encaminada a la atención y recuperación económica derivado de la contingencia del Covid-19, es fundamental integrar los criterios estadísticos, sociodemográficos y otros estudios diagnósticos sobre las condiciones económicas y de bienestar social de la población en la entidad.
Las acciones de coordinación entre el estado y los municipios, es un principio ineludible en la contención de la pandemia; por lo que se deben generar espacios de comunicación que promuevan la economía municipal y comunitaria, desde la producción local de alimentos, la generación de empresas sociales o cooperativas, enfocadas por ejemplo en la elaboración de artesanías y una vez que la contención de la enfermedad lo permita, aprovechar la potencialidad del turismo sustentable en la entidad.
Fortalecimiento y capacitación a los gobiernos municipales sobre el uso eficaz y eficiente de los recursos, así como en relación a posibles préstamos, garantías y transferencias adicionales.
Asegurar la adecuada operación de los programas sociales sujetas a reglas claras, transparencia y rendición de cuentas, que, si bien puedan contemplar la posibilidad de ampliar la cobertura, al mismo tiempo consideren su carácter temporal.
Fomentar el voluntariado y otras acciones de activismo e incidencia social, a través de las organizaciones de la sociedad civil, a fin de desarrollar mecanismos alternativos de provisión de apoyos de nutrición y alimentación, habilitación de alojamientos provisionales para familias en condición de hacinamiento o personas sin vivienda, entre otras acciones.
Otorgar subsidios temporales en el costo de los servicios básicos de la vivienda, en particular para los primeros deciles de ingreso.
Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para acotar la brecha digital en el acceso a la educación a distancia, que pone en desventaja a quienes forman parte de los hogares más pobres. Establecer las obligaciones de los integrantes de la comunidad escolar ante la emergencia, así como generar lineamientos que contemplen métodos de evaluación alternos, mecanismos de regularización e implementación de estrategias para modalidades educativas como la indígena, comunitaria, migrante y personas con discapacidad, entre otras.
Considerando que la carencia por acceso a seguridad social es la más alta, es importante generar incentivos que permitan sino ampliarla, evitar puedan quedar desprotegidos un mayor número de personas, como efecto del desempleo. Al respecto es importante reforzar las acciones de acompañamiento y asesoría en materia de protección de derechos al trabajador.
Potenciar el trabajo y la contribución intergeneracional entre los distintos sectores poblacionales, incluidos jóvenes y adultos mayores, como parte de las medidas de recuperación económica y social.