Designación de fiscal anticorrupción no protegerá intereses partidistas

MORELIA, Mich., 16 de febrero de 2018.-El coordinado del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado, Héctor Gómez Trujillo aseguró que en la designación del fiscal anticorrupción no habrá espacio para la parcela política ni se prestará a que sea sujeto de sesgo o posición partidista.
En entrevista, el panista indicó que el legislativo tendrá que asumir el compromiso por elegir el mejor perfil para elegir a quien soportará el nuevo modelo de la política anticorrupción en Michoacán.
El legislador señaló que la legislatura no debe apresurar ni presionarse por nombrar al fiscal anticorrupción, por el contrario, debe entrar en una fase de análisis profundo y revisión de los perfiles, para impedir que el nombramiento caiga en manos inadecuadas, que se preste a la simulación o responda a la protección de intereses partidistas.
A la conclusión de 2016, el gobernador, Silvano Aureoles Conejo encabezó un acto donde se sentaron la bases para arrancar con el Sistema Estatal Anticorrupción, donde convocó al Legislativo a responder con responsabilidad a la creación del andamiaje jurídico para impedir el paso del fantasma de la corrupción en la esfera políticas y públicas de la administración estatal.
Ahí mismo, emplazó a la vocación democrática y al compromiso ciudadano para que los legisladores hagan uso de sus facultades y aprueben un perfil adecuado para el combate a la corrupción, que esté más allá de la la ideología o compromiso partidista.
Es de resaltar que durante la última década, Michoacán se ha visto en una larga serie de eventos de corrupción gubernamental, de desvíos de fondos públicos, que se tradujo en un legado de crisis financiera, galopante, que supera los 30 mil millones de pesos, todo ello en un merco de total y absoluta impunidad.
El Sistema Anticorrupción tiene como objeto limar las uñas de funcionarios corruptos y abusivos con el patrimonio del estado; establece un marco de sanciones legales más fuertes contra quien atente y meta mano, ilegalmente, en las finanzas públicas.