Dependencias de seguridad revictimizan a michoacanos: Villanuena

MORELIA, Mich., 18 de octubre de 2016.- Ante la obligación ineludible del Estado de brindar protección y seguridad a toda la sociedad, manteniendo una sana convivencia y al mismo tiempo garantizando el respeto ineludible a los derechos humanos, la diputada Andrea Villanueva Cano como integrante de la Comisión legislativa del rubro, se sumó a las Mesas de Trabajo para la elaboración del Programa Estatal de Derechos Humanos, impulsado por la Secretaría de Gobierno del Estado y durante la cual se discutió el tema “Seguridad y Derechos Humanos”.

De acuerdo con un comunicado, al respecto, Villanueva Cano reconoció que todos los órdenes de gobierno mantienen una deuda con la ciudadanía no sólo por la evidente falta de protección y seguridad en la que viven los michoacanos, sino que además durante el cumplimiento de sus funciones, las instancias encargadas de brindar seguridad son las primeras que violentan las garantías del ciudadano.

Para ejemplificar lo anterior, expuso que en el Informe de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) presentado en recientes fechas, las instancias que sumaron el mayor número de quejas por parte de la ciudadanía fueron la Procuraduría General de Justicia con 677 quejas y la Secretaría de Seguridad Pública con 454.

Estos hechos, expuso la legisladora local, violentan y re victimizan a las personas que acuden ante estas dependencias, quienes se topan con la falta de interés, apoyo y orientación jurídica y psicológica por parte de quienes laboran ahí  o peor aún, se encuentran con amenazas, chantajes o extorsiones por parte de los mismos funcionarios.

“Por ello y como integrante de la Comisión de Derechos Humanos, he iniciado un acercamiento con instancias como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, un organismo que apenas se creó en 2015 pero el cual poco a poco se ha venido transformando en un lugar donde los michoacanos encuentran refugio, orientación y atención de personal altamente capacitado, brindándoles protección a sus garantías pero sobre todo, van un paso adelante en la procuración del resarcimiento de los daños.”

Así, señaló la oportunidad de que el Estado reconozca su ineludible obligación de brindar y garantizar seguridad de los michoacanos, por lo que desde el Congreso implementará estrategias legales para que tanto funcionarios como dependencias, trabajen bajo la ruta de la prevención, contención y control de la seguridad de los michoacanos, siempre con respeto absoluto a los derechos humanos.