Defiende PRI y PVEM la decisión de eliminar el subsidio a combustibles

CIUDAD DE MÉXICO, 14 de enero de 2017.- Aún con el ajuste de los precios máximos en enero, “éstos seguirán siendo competitivos si comparamos los que se observan en general en otros países del mundo”, señaló el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade Kuribreña, al reiterar que el precio de la gasolina no subió por las reformas en materia energética o hacendaria, señala un comunicado.

En reunión de trabajo con senadores y diputados, integrantes de la Permanente, insistió que el incremento derivó de que el precio internacional de petróleo, el tipo de cambio y el precio internacional de la gasolina también aumentaron.

En la sede de la Cámara de Diputados, el secretario Meade informó que, a partir de 2017, Petróleos Mexicanos (Pemex) dará acceso a su infraestructura de almacenamiento y transporte a terceros interesados, mediante procesos de temporadas abiertas. Aclaró, “ninguno de estos cambios implica un incremento en el cambio en el precio de la gasolina”.

A su vez, el titular de la Secretaría de Energía (Sener), Pedro Joaquín Coldwell, recordó que durante 2017 se llevará acabo la flexibilización de los precios de las gasolinas, de acuerdo al calendario que aprobó la Comisión Reguladora de Energía (CRE), por regiones, de forma gradual y ordenada, acompañado de temporadas abiertas convocadas por Pemex.

Dijo que de no realizar cambios en el sector energético, “omitir e ignorar nuestra responsabilidad política, economía y social habría traído consecuencias negativas y costos enormes en materia de energía y competitividad económica para el país”.

Sostuvo que las medidas para llevar a cabo las modificaciones en el mercado de petrolíferos representan enormes retos en su implementación, pero “tenemos la certeza de que son necesarias, responsables y contribuirán al desarrollo de México”.

Por el Grupo Parlamentario del PRI, el senador Esteban Albarrán Mendoza, reiteró que la decisión de ajustar los precios máximos de las gasolinas y el diésel fue muy difícil pero necesaria, y con ello se busca “evitar mayores males como una afectación importante en las finanzas públicas en los momentos de incertidumbre que nos ha tocado vivir”.

¿Qué medidas de apoyo se están tomando para evitar que el ajuste de precios a los combustibles derive en aumento desmedido de la inflación y afecte a los que menos tienen? ¿Cuáles han sido los operativos que se han implementado para impedir abusos y acaparamiento en la venta de gasolinas?, cuestionó.

José Antonio Meade Kuribreña respondió: “Estamos trabajando para identificar, sobre todo, aquellos productos alimentarios con precios variables y que por razones de temporalidad tengan baja disponibilidad en el mercado nacional, buscando aranceles que permitan darles estabilidad a esos precios”.

Ernesto Nemer Álvarez, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, informó que, desde la última semana de diciembre –cuando se generó especulación– a la fecha se han verificado más de dos mil 300 estaciones de servicio, se han revisado más de dos mil 600 mangueras e inmovilizado 74.

La senadora del Grupo Parlamentario del PAN, Marcela Torres Peimbert aseveró que el gobierno gasta más cuando el poder adquisitivo de cada mexicano ha disminuido siete por ciento. La “grave situación a la que nos han llevado”, indicó, requiere un esfuerzo que nos involucre a todos, tanto en el Poder Legislativo como en el Judicial debemos hacer nuestra parte y realizar recortes en el gasto.

Consideró que en el gobierno federal no hay de donde recortar, pues se han gastado en exceso 30 mil millones de pesos en este sexenio. Sin embargo, Torres Peimbert señaló que se puede compensar la disminución de un ingreso con el excedente de otro. Esa es la demanda de los mexicanos, concluyó.

La senadora del PAN, Adriana Dávila Fernández, aseveró que lo que hoy vivimos tiene su origen en la “pésima política económica, que es el signo de los gobiernos del PRI”, como es la devaluación del peso frente al dólar, puesto que, dijo, la política económica del actual gobierno está basada en generar mayor recaudación.

Pidió a las fuerzas políticas del Congreso no negarse a llevar a cabo un periodo extraordinario para disminuir el impuesto a las gasolinas y al diésel, y para revisar la reforma fiscal y todos los impuestos.

Ante estos comentarios, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, expuso que los números no engañan; argumentó que pretender hacer un ajuste a los ingresos de la magnitud necesaria para contrarrestar el cambio internacional de los precios de las gasolinas inevitablemente llevará a un recorte, que afectaría programas medulares que están cerca de las familias mexicanas.

Luis Humberto Fernández Fuentes, senador del Grupo Parlamentario del PRD, señaló que la liberalización del precio de las gasolinas, como se realizó, ha generado inestabilidad social y económica, por lo que preguntó cuál es la utilidad promedio en la cadena de gasolina y si es posible reducirla.

Cuestionó porqué se adelantó la medida si no había condiciones de competencia, y también preguntó si es todo lo que hará el gobierno frente a la delicada situación económica y de gobernabilidad; y en particular, frente a los próximos gasolinazos.

Meade Kuribreña reiteró que no es la reforma energética ni la fiscal lo que obligó a realizar tal ajuste, sino una circunstancia que viene de fuera, el incremento en el costo de un combustible que no fija ni controla el gobierno.

El secretario Pedro Joaquín Coldwell expuso que implementar una reforma energética requiere tiempo de maduración. Dijo que las leyes secundarias se han implementado de forma responsable y se dan pasos en la dirección correcta para el país.

El senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del PRD, refirió que el aumento a gasolinas se planeó en la reforma energética y en los cálculos de ingresos para 2017. Mientras, se le impide a Pemex invertir para competir en el mercado, pero se le obliga a endeudarse para cumplir con el pago de impuestos.

Además, cuestionó los nuevos incrementos, previstos para el cuatro, 11 y 18 de febrero. El Presidente de la República dice que nos debemos acostumbrar, señaló, “pero no es una cuestión de costumbre, es que a los mexicanos ya no nos alcanza. Por el bien de los trabajadores y empresas, de la estabilidad política y social del país, no más gasolinazos”.

El titular de la SHCP respondió que las posibles alzas a futuro dependerán del precio de referencia, tipo de cambio, margen de refinación y metodología, “información que hoy no tenemos”. Al tiempo, consideró que se atenta contra la verdad cuando se asegura que el aumento a combustibles obedece a una decisión administrativa.

El senador Luis Sánchez Jiménez, del PRD, aseguró que el gasolinazo es producto de la reforma energética aprobada por el PRI, PAN, PVEM, y Nueva Alianza. Es falso que se haya secado la “gallina de los huevos de oro”. Dijo: la han saqueado y asfixiado pero no han terminado con ella, aún hay inmensa riqueza petrolera y por eso la reforma hacendaria.

Denunció que empresas que han obtenido contratos de licencia de exploración y producción de petróleo en las Rondas 1.3 y 1.4 no se les ha exigido el pago del bono a la firma de los contratos, violando la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, lo que podría constituir un delito, ¿ya se detectó este faltante en los ingresos?, cuestionó.

Pedro Joaquín Coldwell precisó que hay tres modelos de contrato para exploración y extracción; en los de producción compartida el bono no está considerado y en los de licencia los bonos no son obligatorios. La Sener, expuso, diseña el modelo de contrato pero no fija el contenido económico; es un tema de ingresos.

En tanto, González Anaya abundó que la reforma energética permitió a Pemex muchos aspectos que antes no se podían hacer, como la asignación alrededor del yacimiento de Trion, que tiene posibilidades de aumentar la producción.

El senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del PVEM, cuestionó al secretario de Hacienda sobre el monto que reciben los estados por concepto de ingresos federales provenientes de los impuestos, incluidos los que derivan del consumo de gasolinas.

Indicó que la aplicación de medidas, como el ajuste en los precios de diésel y gasolinas cobran importancia, porque los gobiernos estatales dependen de estos ingresos para utilizarlos en rubros como seguridad o infraestructura.

Al responder, el titular de la SHCP señaló que los impuestos vinculados con las gasolinas explican el 20 por ciento de todos los ingresos de la recaudación federal participable en las entidades federativas. Explicó que el cálculo es que los estados recibirían 140 mil millones de pesos para 2018, por lo que cualquier reducción a las entidades impactaría en deudas o impuestos a sus habitantes.

El senador Carlos Manuel Merino Campos, del Grupo Parlamentario del PT, resaltó que ante el periodo de estancamiento que vive el país, sorprende que el gobierno federal imponga “drásticas medidas de choque” sobre los precios y los agentes que participan del sector energético, pues los bienes de consumo general ya reflejan los impactos de estas medidas inflacionarias.

El resultado es fatal para los precios, ingresos y consumo de los mexicanos, quienes exigen dar marcha atrás a las medidas de encarecimiento. El pueblo de México, dijo el legislador, clama por un gobierno prudente, comprometido con las necesidades sociales, antes que con las empresas transnacionales y los negociantes que controlan la cadena productiva.