Si se acaba la democracia, se deberá recuperar con sangre y vidas
MOELIA, Mich., 24 de agosto de 2020.- Hasta 11 años de prisión se impondrá a los funcionarios públicos que filtren documentos, constancias, información, fotografías, videos o audios que obren en una carpeta de investigación, en un proceso penal o sujetos a cadena de custodia y que, por disposición de la ley o resolución de la autoridad judicial, sean reservados o confidenciales.
Si las imágenes, audios o videos son de cuerpos humanos deformados o mutilados correspondientes a una mujer o a menores de edad, se incrementará la sanción en una tercera parte, la cual es actualmente de dos a ocho años de prisión.
La Comisión de Justicia del Congreso del Estado dictaminó a favor de las iniciativas de ley presentadas por los diputados Ernesto Núñez y Araceli Saucedo para reformar y adicionar el Código Penal y la Ley de Responsabilidades a raíz de la filtración de las imágenes de Ingrid Escamilla en la Ciudad de México que destapó una de las prácticas más recurrentes de elementos policiacos: la filtración de imágenes de la escena de los hechos y de las víctimas, ya que pese a que esta normado no hay castigo.
“La filtración de la fotografía de Ingrid dañó su honra, su dignidad y su imagen, y afectó también a su familia, nos indignó como sociedad, y no solo tiene estas repercusiones, en otros casos, ha ocurrido que al divulgar esta información se desvirtúan como elementos probatorios, y estas inconsistencias pueden violar el debido proceso y tirar una vinculación a proceso, aunque el señalado sea confeso.
“El asesinato de Ingrid Escamilla es un ejemplo más de la degradación que sufre el tejido social en nuestro país y puede servir como un episodio que marque un antes y un después en el compromiso que hagamos como sociedad para combatir y acabar con este flagelo. Es fundamental buscar nuevas rutas y, sobre todo, cuando se presenta un caso mediático como este”.
Los integrantes de la Comisión coincidieron en que se debe legislar para combatir y acabar con este flagelo, ya que fomenta la naturalización de la violencia e incrementa el miedo en la sociedad, se indica en dictamen