Coordinan elaboración de formatos de declaracion patrimonial

De acuerdo a un comunicado de prensa, en las instalaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Comité Coordinador celebró su tercera sesión ordinaria, en la que participaron su presidenta, Jacqueline Peschard Mariscal; el presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González; el auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez; el consejero de la Judicatura Federal, Alfonso Pérez Daza; el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, Carlos Chaurand Arzate Magistrado, y el titular de la Secretaría Ejecutiva del SNA, Ricardo Salgado Perrilliat.

En cumplimiento con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, las instituciones que conforman el Comité Coordinador aprobaron en esta sesión el Programa Anual de Trabajo, del que se derivan los siguientes compromisos:

La elaboración de una propuesta de mecanismos de Consulta Pública Nacional para el desarrollo de la Política Nacional Anticorrupción, a cargo de la presidenta del Comité Coordinador, Jacqueline Peschard.

El desarrollo de una política integral sobre perfiles y designación de contralores, a cargo de la SFP.

El diseño de un mecanismo para dar seguimiento a la conformación de los sistemas locales anticorrupción, coordinado por la ASF y la SFP.

En este punto, se dieron a conocer los resultados del monitoreo de los procesos de armonización legislativa en materia anticorrupción en las entidades federativas, que llevó a cabo la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental (ASOFIS), en septiembre pasado, de los cuales destaca la siguiente información sobre las leyes de los sistemas locales:

29 estados promulgaron su ley y están pendientes Chihuahua, Tlaxcala y Veracruz; sin embargo, se detectó que leyes de Aguascalientes, Chiapas, la Ciudad de México, Colima, Jalisco y Querétaro no disponen que el Secretario Técnico sea nombrado por el órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva, a través de una convocatoria pública.

A su vez, las de Baja California, la Ciudad de México y Michoacán, no contemplan el mecanismo de vinculación con la Plataforma Digital Nacional. En específico, la de la Ciudad de México tampoco prevé que los candidatos a integrar la Comisión de Selección sean postulados por instituciones de educación superior y de investigación, así como por organizaciones de la sociedad civil.

Finalmente, la de Aguascalientes no dispone que el Comité Coordinador esté conformado de manera análoga al del SNA y las de Hidalgo y Sonora no establecen la autonomía de la fiscalía especializada en combate a la corrupción.

Al respecto, el Comité Coordinador hizo un llamado a las entidades federativas para que den continuidad a los trabajos de armonización legislativa en materia anticorrupción.

“Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 4º y 6º por los transitorios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contenidos en el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de combate a la corrupción, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción emite el presente pronunciamiento, por medio del cual hace un atento llamado a las entidades federativas a continuar con los trabajos de armonización  legislativa y la integración de los sistemas locales anticorrupción. Lo anterior, tomando en consideración que la legalidad es el primer paso para refrendar el compromiso de un país libre de corrupción”, establece el documento.

La propuesta de recomendación no vinculante para el fortalecimiento de los procedimientos de designación de jueces en las entidades federativas, a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.

En la sesión se aprobó también la creación de dos grupos de trabajo: el primero, para detectar posibles inconsistencias en el contenido de las leyes estatales anticorrupción de la que impidan su adecuada y correcta aplicación, y el segundo, para que las instituciones, en el ámbito de sus facultades y atribuciones, articulen acciones concretas para planear, vigilar y transparentar el proceso de reconstrucción, tras los sismos ocurridos en septiembre pasado.

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