Continuaré luchando por recuperar seguridad en Michoacán: Iris Mendoza

MORELIA, Mich., 28 de mayo de 2018.- La violencia se ha recrudecido en el país en este año 2018.  Según se reportó como cifra oficial por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) para el mes de marzo pasado, ya habían ocurrido 2,729 homicidios dolosos.  Conforme los mismos datos, el promedio de personas asesinadas diariamente en nuestro país es de entre 80 a 85. Jalisco y Michoacán han sido los últimos diez días nuevamente territorio de muerte, violencia y de víctimas inocentes tanto por la acción de bandas delincuenciales de alto impacto como la de las autoridades federales, estatales y municipales que intentan combatirlas. 

De acuerdo a un comunicado de prensa, el día de hoy, el saldo de la semana, en Jalisco: un atentado contra un ex fiscal, enfrentamientos y narco bloqueos en Guadalajara con un saldo de 16 personas heridas, algunas de gravedad, un hombre muerto por una bala pérdida y el bebé de ocho meses, Tadeo Velázquez, muerto a causa de las quemaduras; detenciones que generan activación del Código Rojo por las posibilidades de actos de violencia extrema, mientras que en Michoacán: ayer en el Municipio de Parácuaro, tras un enfrentamiento resultaron heridos por esquirlas de granada 2 menores de edad; la detención del líder de autodefensas, cuya defensa social amenaza con disturbios en la zona de Tierra Caliente; asesinato del ex candidato panista a la alcaldía de Buenavista;  secuestro  de  la candidata en Álvaro Obregón y se suman los cadáveres maniatados, desmembrados, arrojados a las calles y a los caminos. 

El 2011 con 22,409 homicidios dolosos, cifra oficial del Secretariado Ejecutivo del SNSP, había sido el año con el mayor nivel registrado de violencia desde que se desplegó masivamente a las Fuerzas Armadas para el combate a las bandas de la delincuencia organizada en 2006; en 2017, se rebasó dicho nivel al alcanzar 29,158 asesinatos. Expertos calculan que, si la violencia sigue al ritmo actual, 2018 terminará con casi un total de 33 mil víctimas de homicidios dolosos, con lo que se rompería incluso el récord de 2017.  Y no se ve ningún límite ni acción de gobierno para detener esta imparable ola de asesinatos a nivel nacional.

Como senadora, y en mi calidad de secretaria de la Comisión de Seguridad Pública, he cuestionado el paradigma militarista de la seguridad pública pues tanto la anterior administración panista como la actual priista, con una visión absolutamente limitada y sin una política criminal, han desplegado básicamente la acción punitiva de descabezamiento de las bandas delincuenciales, de enfrentamientos sin inteligencia previa, con operativos de fuerzas federales, destacadamente las Fuerzas Armadas que incumplen sus propios protocolos de uso legítimo de la fuerza para actuar desproporcionadamente y sin ninguna protección a la vida, la libertad y la integridad de la población civil que, según declaran, o son daños colaterales o se matan entre ellos, con lo que criminalizan y generan doble victimización a víctimas inocentes que quedan a merced del fuego cruzado de sus operativos.  

Ni el Gobierno federal ni los de las entidades federativas han comprendido que la violencia, ahora epidémica, se produce por múltiples factores que no podrán resolverse con la continuidad de la militarización de los territorios en los que la macrocriminalidad impera a través de la complicidad entre los poderes fácticos institucionales y legales con los poderes fácticos ilegales, principalmente con los grupos delincuenciales de alto impacto y los grupúsculos del sicariato.

En las postrimerías del sexenio, ante un panorama electoral en el que se perfila la debacle del partido gobernante y la alternancia en el gobierno, parece que la apuesta de quienes integran la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), empezando por el titular del Ejecutivo federal, es seguir administrando el infierno, como reiteradamente ha señalado el dirigente del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Javier Sicilia.   

Continuar los operativos para detener a presuntos líderes de los grupos delincuenciales, romper toda legalidad para lo mismo detener sin órden de aprehensión que violentar el principio del debido proceso y la presunción de inocencia; filtrar, desde las instancias federales y locales de procuración de justicia, información, contra adversarios políticos, clasificada en expedientes cuya secrecía deberían resguardar.

Avanzar, pese a los cuestionamientos de redes nacionales e internacionales de derechos humanos, en la expedición de una inconstitucional Ley de Seguridad Interior para regularizar el paradigma militarizante de la seguridad pública lo que significó la claudicación y derrota declarada de las autoridades civiles de que no pueden resguardar la seguridad vital de sus gobernados; legislación que está impugnada a través de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, así como amparos que ya empezaron a resolverse por jueces federales, declarando inconstitucionales casi una veintena de los artículos de la ley de marras.

Ante este recrudecimiento de la violencia, reitero mi disposición en lo que me resta como Senadora de la República y como ciudadana políticamente activa, a luchar por recuperar la seguridad de las y los ciudadanos michoacanos y de otras entidades del país, proponiendo una política criminal integral que atienda la multifactorialidad de la violencia como el desgobierno político de la seguridad, la desigualdad y violencias estructurales que incumplen derechos sociales, económicos y culturales; así como la comisión de crímenes atroces como la desaparición, la tortura y las ejecuciones y actos graves de corrupción exigiendo verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición para las víctimas de violaciones a derechos humanos, de corrupción y del pacto de impunidad que lacera su dignidad.