MORELIA, Mich., 25 de febrero de 2020.- México podría contar en el mediano plazo con una tipificación del delito de feminicidio homogénea y con alcance nacional, aseveró Iván Pérez Negrón Ruiz, diputado federal por el Distrito X Morelia.
Luego que la cámara baja del Congreso de la Unión aprobó el endurecimiento de las penas aplicables ante el ilícito de feminicidio, Iván Pérez Negrón mencionó que se ha integrado un grupo de legisladores federales que trabajarán con la Fiscalía General de la República (FGR) en el perfeccionamiento del tipo penal de los homicidios de mujeres en razón de género
Esto, con la finalidad de que “sea más fácil para los agentes de la ley y los ministerios públicos atender estos casos y que no haya pretextos para no tener claras las causales y así integrar exitosamente las carpetas de investigación”.
Agregó que “vamos a pedir que, cuando un tipo penal esté caracterizado totalmente en el código federal, se pueda bajar a los estados; ahora tenemos una iniciativa de reforma del código penal federal para la homologación de los tipos penales y de las sanciones a imponer”.
Pérez Negrón Ruiz señaló que esta propuesta y la conformación del grupo de trabajo están en proceso, por lo que “sigue la búsqueda de aliados en las legislaturas estatales, los actores involucrados en la prevención y combate de estos delitos y las organizaciones sociales para lograr esta legislación y no haya lugar a falsas o malas interpretaciones que interfieran con la procuración de justicia”.
Reconoció que el solo endurecimiento de las penas a imponer a los responsables de feminicidio no será suficiente para reducir la incidencia de este ilícito, si bien, mencionó, es un reclamo social y parte de la ruta a trazar para buscar su disminución.
“Desafortunadamente, algo no se ha hecho bien, en la sociedad y el gobierno, y estamos enfrentando algo que no se puede normalizar, nadie exento de padecer el dolor y el sufrimiento de las familias de las víctimas”, expuso.
Reiteró que el aumento de las penas, hasta 65 años, en el caso de feminicidio, y hasta 18 años, para el caso de abuso sexual en contra de menores de edad, así como la sanción a los funcionarios que por negligencia, por dolo o corrupción entorpezcan la procuración de justicia para estas víctimas, “es un paso de muchos más que debemos dar” para abatir la violencia en contra de las mujeres y la infancia.