Congreso, sin voluntad para cumplir mandato de consultas especiales

MORELIA, Mich., 8 de enero de 2024.- El Congreso del Estado no tiene voluntad para cumplir el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de consultar a las comunidades indígenas, a las afromexicanos y a las personas con discapacidad diversos artículos de la Ley de Educación que rige en el estado.

En 2022 la justificación para no hacer las consultas fue la falta de recursos y, por ese motivo se etiquetaron en el presupuesto del Congreso del Estado hasta 10 millones de pesos, de los cuales no se ejerció ni un peso, de acuerdo con la presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, Brenda Fraga.

“No se ejerció nada, absolutamente nada, hubo mil y un trabas, primero que de economías, luego que no había dinero, luego que cambios en la dinámica de territorio para consultas”, indicó la legisladora por el distrito de Uruapan Sur.

Para este año, se volvió a etiquetar recurso del presupuesto del Congreso del Estado, pero ya solo fueron hasta siete millones, supuestamente porque en 2023 se ejercieron tres millones de pesos en la contratación de consultoras para la realización de las consultas, pero no se tiene ningún avance concreto ni hay claridad en el ejercicio de los recursos públicos.

Todos los involucrados en el manejo de los recursos evaden el tema, las presidentas de las comisiones de Pueblos Indígenas y Afromexicanos y la de Educación, ambas del Partido del Trabajo, no dan respuesta cuando se les pregunta, como tampoco lo hace su coordinador Reyes Galindo.

Tampoco tienen claridad del tema los responsables de autorizar el presupuesto, como el presidente de las comisiones unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y la de Hacienda y Deuda Pública, Marco Polo Aguirre o, el diputado Felipe de Jesús Contreras quien forma parte de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública y de la de Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

En mayo de 2022, la SCJN invalidó 14 artículos de la Ley de Educación, el 23, del 84 a 87 y del 94 a 102, relativos a la educación indígena, inclusiva y especial, toda vez que dichos preceptos afectaban directamente los intereses de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como de las personas con discapacidad, por lo que existía la obligación de consultar a dichos grupos.

Fijó entonces un plazo de un año para la realización de las consultas y a la fecha no hay avances, pese a estar en abierto desacato a los mandatos de la SCJN ya que, de acuerdo con la diputada Fraga, las áreas responsables todavía no conocen los procedimientos a seguir, entre ellos la Mesa Directiva de la que depende el área jurídica, la Junta de Coordinación Política, donde se toman los acuerdos políticos y la Secretaría de Administración y Finanzas como ejecutora de los recursos.