Dalia Villegas Moreno/Quadratín
MORELIA, Mich., 29 de junio de 2018.- Representantes de comunidades indígenas se dijeron respetuosas del proceso electoral, pero exigieron al gobierno del estado no pretender imponer casillas en las asambleas comunales que han manifestado rechazo, respetar la voluntad popular en aquellas que sí han accedido a participar, y ser cauteloso con la presencia de policías y militares que desplegó en la zona.
En rueda de prensa, David Daniel Romero Robles, integrante de la Comisión de Enlace de Cherán, y Raymundo Ortiz, abogado Nurío y Ostula, externaron su preocupación por declaraciones de servidores públicos, entre ellos el gobernador Silvano Aureoles Conejo, para criminalizar a los pueblos originarios.
Romero Robles recordó que el derecho de autodeterminación de las comunidades indígenas está consagrado en la Constitución General de la República y tratados internacionales, por lo que cuestionó los operativos de seguridad que ha desplegado el gobierno del estado en algunas localidades, donde se advierte una intención de amedrentar e imponer las casillas.
“Le pedimos al Gobierno del estado que sea respetuoso de las decisiones en ambos sentidos, de las asambleas comunales que han rechazado la instalación de casillas, y de aquellas poblaciones originarias que han tomado la decisión de instalar casillas, exigimos que la autoridad sea respetuosa de la voluntad de estos ciudadanos”, dijo.
Por su parte, Raymundo Ortiz destacó que las condiciones de ley tanto electoral, municipal y constitucional se encuentran rebasados por la realidad, donde el actuar público es distinto al que se plasma en las legislaciones obsoletas, consecuencia de la posición parasitaria de la diputados y senadores; dicho esto, el abogado demandó que se instruya a policías y militares conducirse con respeto a las comunidades.
Los emisarios de las comunidades indígenas señalaron que el rechazo a la instalación de casillas no implica una separación del Estado Mexicano, sino que responde a la dinámica excluyente del sistema de partidos y del aparato gubernamental, legislativo y judicial, que desconocen a las instituciones de los pueblos originarios.