Cero tolerancia para discriminación y acoso, advierte Gobierno estatal

MORELIA, Mich., 11 de agosto de 2022.- Una política de cero tolerancia para los servidores públicos que cometan actos de discriminación por cualquier motivo y para quienes incurran en acoso y hostigamiento por razón de género, es la que pretende establecer el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

En concordancia con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se reconoce en el Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán 2021-2027, que las mujeres, la comunidad LGBTQI, personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores, de talla baja, migrantes, población afromexicana y poblaciones originarias, de manera histórica han sido excluidas del concepto de desarrollo, bienestar e igualdad, lo cual ha limitado de manera parcial o total el ejercicio de sus derechos humanos.

Estos factores posicionan a estos grupos poblacionales, no minoritarios, en una condición de vulnerabilidad, desventaja social, desigualdad y discriminación, ya sea por usos y costumbres, estereotipos y aspectos sociales como los discursos de odio basados en la posición económica, la homofobia, la misoginia, la xenofobia o el racismo.

La desigualdad entre mujeres y hombres representa un desafío al paradigma del estado democrático ya que obstaculiza uno de sus objetivos principales: que todas las personas que integran la sociedad disfruten de forma igualitaria sus derechos, se indica en el documento que regirá en la entidad durante los próximos cinco años.

Se señala que en los últimos años se han incrementado las violencias y delitos en contra de las mujeres y las personas de la comunidad LGBTQI: feminicidios, crímenes de odio, agresiones sexuales, violaciones y violencia física, tanto en el espacio público como en el privado.

Según datos del Inegi, en 2020 se registraron 13 mil 572 llamadas de emergencia al 911 relacionadas con incidentes de violencia contra las mujeres, en cuanto abuso sexual, acoso u hostigamiento sexual, violación, violencia de pareja y violencia familiar, por lo que se reconoce la urgencia de atender el incremento de la violencia con medidas de largo plazo, preventivas y real acceso a la justicia para las víctimas.

Ante esta situación, se establece en el Plan de Desarrollo Integral del Estado que todo el quehacer institucional deberá ser incluyente y no discriminar por origen étnico, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, orientación sexual, estado civil o cualquier otra.

Se deberán garantizar condiciones de igualdad de trato y oportunidades, justicia social e inclusión a toda la población, como un mecanismo para disminuir cualquier tipo de discriminación o desigualdad, así como la protección de sus derechos a los grupos que han sido históricamente vulnerados, entre otras medidas.