MORELIA, Mich., 11 de septiembre 2020. – Dado que la contraloría social representa un elemento esencial para la participación ciudadana en un marco activo, favoreciendo la creación de corresponsabilidad entre ciudadanos y servidores públicos, en términos de la implementación de la política pública, se trabaja con los contralores de Michoacán para la conformación de Comités de Contraloría Social en cada uno de los 113 municipios de la entidad.

De acuerdo con un comunicado de prensa, esto, a fin de que las y los beneficiarios vigilen la construcción de obras, la entrega de apoyos y los servicios de gobierno para evitar la corrupción, señaló el titular de la Secretaría de Contraloría de Michoacán (Secoem), Francisco Huergo Maurín, tras la Tercera Reunión Regional de la Comisión Permanente de Contralores Estado- Municipios (CPCE-M), región II Bajío.

Por lo que, durante el segundo día se capacitó, de manera virtual, a las y los contralores municipales de Angamacutiro, Coeneo, Jiménez, Morelos, Numarán, La Piedad, Panindícuaro, Puruándiro, Zináparo y Zacapú, en materia de “Contraloría Social dentro de los Programas de Desarrollo Social”, a cargo del personal adscripto al Departamento de Difusión, Asesoría y Capacitación de la Dirección de Participación Ciudadana de la Secoem.

“Con esto se fortalece una de las figuras más nobles de participación ciudadana, lo cual permitiría que su perspectiva única se inserte como pieza esencial y complementaria de los distintos mecanismos utilizados para el monitoreo gubernamental”, señaló.

Huergo Maurín destacó que con el apoyo y coordinación de las contralorías municipales se espera la conformación de los Comités de Contraloría Social, para trabajar, de manera conjunta, con el Gobierno del Estado y las autoridades locales en la vigilancia de la obra pública, de entrega de servicios y de apoyos.

Finalmente, dejó en claro que el actual gobierno que mandata Silvano Aureoles Conejo trabaja con transparencia, por lo que se da continuidad a la inclusión de la participación ciudadana, lo que posibilita la aplicación de mecanismos de rendición de cuentas, con el objetivo de aumentar los niveles de confianza entre el gobierno y la ciudadanía.