Recula Fernanda Álvarez a licencia; pide reincorporación al Congreso
MORELIA, Mich., 30 de marzo de 2022.- La violencia como una complicación del embarazo, se cita con mayor frecuencia que a la hipertensión, la diabetes o cualquier otra complicación seria que pone en peligro no solo una sino dos vidas, afirma el diputado Hugo Anaya.
“Si bien en la mayor parte de la violencia doméstica los golpes van dirigidos a la cabeza de la víctima, durante el embarazo estos van dirigidos a los senos, el abdomen o los genitales”, con consecuencia físicas como el aumento de peso insuficiente, infecciones vaginales, cervicales o renales, sangrado vaginal, trauma abdominal, hemorragia o exacerbación de enfermedades crónicas.
También hay complicaciones durante el parto, retraso en el cuidado prenatal, aborto espontáneo, bajo peso al nacer, ruptura de membranas prematura, placenta previa, infección uterina, magulladuras del feto, fracturas hematomas y muerte, señala el legislador por el distrito de La Piedad.
La mujer embarazada y agredida por su pareja está en mayor riesgo de sufrir estrés, depresión y adicción al tabaco, el alcohol y las drogas, cuyos efectos en el feto han sido bien documentados, pero los efectos de la depresión son más difíciles de determinar ya que, pueden incluir la pérdida del interés de la madre en su salud y en la de su hijo, tanto durante el embarazo como después del parto.
A largo plazo, la violencia doméstica durante el embarazo puede tener un efecto perjudicial severo en el desarrollo psicológico del niño, quien probablemente será testigo de violencia doméstica después de su nacimiento, además de que el hombre que golpea a su compañera probablemente también golpeará a sus hijos.
Es por eso que este miércoles presenta una iniciativa de ley para que, a través del Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia (DIF), el Estado asuma su responsabilidad de diseñar y ejecutar programas que garanticen el pleno ejercicio de los derechos de fuente internacional y constitucional de la mujer embarazada, creando una cultura de no violencia y concientización sobre el trato a las mujeres gestantes;
Asimismo deberá articular una red de albergues para proteger a las mujeres embarazadas que vean afectados sus derechos o sean víctimas de violencia en su entorno social-familiar, contando con un presupuesto para que diversas instituciones públicas o privadas que apoyen a las mujeres embarazadas en situación vulnerable puedan acceder al mismo.