Bravo Pantoja, impedido para encargarse de ASM; entraría Silvia Tapia

MORELIA, Mich., 4 de diciembre de 2023.- Marco Bravo no podría quedar como encargado del despacho de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) una vez que el pleno de la 75 Legislatura deje sin efecto el decreto número 461, mediante el cual fue designado como titular del órgano técnico de fiscalización del Congreso del Estado.

De acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, en su artículo 11, se indica que “el Auditor Superior será suplido en sus ausencias temporales por los auditores especiales, en el siguiente orden de prelación: I. Normatividad; II. Fiscalización Estatal; y, III. Fiscalización Municipal.

“En caso de falta definitiva, la Comisión dará cuenta al Congreso para que designe, en términos de esta ley, al Auditor que concluirá el encargo. La Comisión deberá ser notificada por cualquier servidor público de la Auditoría Superior que tenga conocimiento fundado de la falta definitiva”, lo cual complica la situación en la que se encuentra el Congreso del Estado.

El sentido común indica que el pasado 18 de octubre, Marco Bravo debió entregar su carta de renuncia al cargo de auditor especial de Normatividad, antes de presentarse ante el pleno de la 75 Legislatura para rendir protesta como Auditor Superior, por un periodo de siete años, ya que nadie puede ocupar dos plazas diferentes al mismo tiempo.

Sin embargo, si entregó la renuncia, no se le dio trámite y a la fecha la Comisión Inspectora no tiene conocimiento oficial de que la Auditoría Especial de Normatividad está vacante, razón por la que no ha emitido convocatoria para los aspirantes al cargo, informó la diputada María Guadalupe Díaz, integrante de la Comisión.

Al tener que revocarse el nombramiento por mandato judicial, Marco Bravo quedará fuera de la estructura de la ASM, por lo que no puede permanecer en el puesto en calidad de encargado.

De acuerdo con la ley corresponde hacerse cargo del despacho al auditor especial de Fiscalización Estatal, Silvia Trinidad Tapia García, supuestamente implicada en actos de corrupción denunciados por la contralora del estado Azucena Marín en su demanda de juicio político en contra del exauditor Miguel Ángel Aguirre.