MORELIA, Mich., 16 de julio de 2018.- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) da la bienvenida a la propuesta del virtual Presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, de designar a un coordinador estatal de programas de desarrollo en Michoacán, siempre que se realice en apego a una eventual reforma a las leyes necesarias.
“Esto tiene que ver con la legalidad; si se hiciera en este momento sin modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de Coordinación Fiscal, sí se trasgrediría, pero si las van a modificar no puede haber una intromisión, esto solo se daría si se hiciera al margen de la ley”, comentó el dirigente estatal del PRI, Víctor Silva Tejeda.
Señaló que el nuevo presidente de la República tendrá que prever todos los riesgos, porque asimismo tendrá que asumir las consecuencias de los resultados de esa decisión, que consiste en la supresión de los delegados federales en los estados de la República, y en su lugar enviar a un solo responsable que ha denominado coordinador estatal de programas de desarrollo.
“No podemos ir en contra de una determinación. El presidente tendrá que enviar una iniciativa al Congreso de la Unión para que le sea aprobada; no debe ser tomado como algo provisional porque las atribuciones que tiene el gobierno federal tiene que estar con base a la legalidad, y la ley en este momento no lo permite”, expuso.
El presidente estatal de Morena, Roberto Pantoja Arzola fue nombrado el pasado miércoles por Andrés Manuel López Obrador como el próximo coordinador estatal de programas de desarrollo, como parte de un proyecto que implica la supresión de delegados federales, no así de la estructuras de las dependencias ni de sus trabajadores de base.
El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Acción Nacional (PAN), manifestaron su inconformidad con la medida en la que advierten una intromisión y un allanamiento a la soberanía estatal, por lo que incluso el Sol Azteca anunció que iniciará una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para invalidad la pretensión lopezobradorista.