Aún le faltan 44 mdp a IEM para cumplir sus funciones; va por ampliación

MORELIA, Mich., 8 de marzo de 2021.- Al instituto Electoral de Michoacán le siguen faltando 44 millones 364 mil 74 pesos, para poder cumplir con sus funciones constitucionales y legales, razón por la que solicitará una ampliación presupuestal por ese monto.

Luego de que el Instituto hizo una reducción de 15 millones 727 mil pesos en varias áreas y conceptos para compensar los 60 millones 91 mil 410 que le recortaron al presupuesto solicitado para este año, el cual fue por 740 millones 91 mil 249 pesos, pero el aprobado por el Congreso del Estado fue de 679 millones 999 mil 839 pesos.

Ese monto habría mayor de no haber sido porque en el procedimiento de adjudicación directa a Talleres Gráficos de México la impresión de la documentación electoral, implicó un ahorro de seis millones 889 mil 728 pesos ya que se había proyectado un presupuesto de 27 millones 12 mil 552 pesos y fue por 20 millones 122 mil 823 pesos.

Sin embargo, se explica en el proyecto de acuerdo aprobado en sesión realizada la noche de este lunes, pese al esfuerzo que todas las áreas del IEM hicieron para poder generar mayores reducciones, sin que se hubiese logrado, pues haberlo hecho en mayor cantidad, implicaba poner en riesgo labores sustantivas del proceso electoral.

La reducción no afectará el proceso electoral, sino con la adquisición de materiales de oficina, para procesamiento de bienes informáticos o materiales y actividades de vinculación, capacitación y difusión, tareas de educación cívica programadas para la segunda parte del año.

Afecta también la contratación de recursos humanos, que si bien, resultan necesarios para el correcto funcionamiento y cumplimiento de las obligaciones legales y constitucionales del Instituto, se está ajustando y en algunos casos prescindiendo de los mismos, a fin de generar un ahorro en los recursos, y así poder garantizar el adecuado desarrollo del proceso electoral.

Cabe señalar que el capítulo 4000, por tratarse de las prerrogativas de financiamiento público que por disposición legal les corresponde a los partidos políticos, permanece intacto ya que el consejo general no tiene las facultades o atribuciones para reducirlas, o en su caso, ajustarlas.