Auditoría forense a deuda pública no garantiza que haya sanciones

MORELIA, Mich., 6 de marzo de 2017.- El acuerdo de todos los partidos políticos representados en el Congreso del Estado con el Gobierno de Michoacán garantiza la realización de la auditoría forense a la cuenta “Cargos por aplicar” y que se apliquen sanciones, si es que procede.

Así lo afirmó la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Adriana Hernández Íñiguez, quien consideró como una necesidad que los michoacanos puedan conocer en qué se utilizaron los recursos de la deuda pública estatal bancaria, que asciende a más de 18 mil millones de pesos.

Señaló que por eso se establecieron tiempos precisos como la licitación nacional en un término de tres meses, y a partir de la adjudicación, informes trimestrales a la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán.

La diputada por el distrito de La Piedad señaló que cuando las leyes o decretos no fructifican es cuando se presiona y se politizan los temas, como ocurrió el año pasado, en que se ordenó una reestructura financiera a la Secretaría de Educación Pública y una reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, yambas instituciones simplemente no acataron el mandato.

En este caso, se incluyó un artículo transitorio en el decreto con se autorizó la reestructura para que se realice la auditoría forense, porque es necesario conocer la verdad jurídica y legal para poder actuar, si es que se puede actuar, indicó en entrevista al término de la Junta de Coordinación Política que este lunes se adelantó porque sus integrantes fueron invitados a la ceremonia del Día de la Mujer en Casa de Gobierno.

“Hasta ahora lo que hay son suposiciones, yo misma he dicho que el problema inició con Lázaro Cárdenas Batel, siguió con Leonel Godoy Rangel y lo demás fue consecuencia, aunque eso no quiere decir que otros no tengan responsabilidades.

“Lo cierto es que hay un origen y que a la administración pasada le entregaron el estado en condiciones de inseguridad terribles, la infraestructura carreta, el sector salud y problemas financieros también terribles, y por eso se decidió poner orden  y se cerrar esa cuenta”.

Lo positivo, indicó la diputada por del Partido Revolucionario Institucional, es que ahora se tiene la posibilidad de conocer legal y jurídicamente qué fue lo que pasó.