MORELIA, Mich., 14 de marzo de 2019.- Con el voto en contra del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el Congreso del estado aprobó la minuta de reforma para ampliar el catálogo de delitos a los que se impondrá prisión preventiva oficiosa.

Los diputados Octavio Ocampo del Partido de la Revolución Democrática, y Yarabi Ávila, del Partido Revolucionario Institucional, pasaron a la tribuna para señalar el riesgo que representa la reforma al abrir la puerta a la violación de los derechos humanos, a no respetar la presunción de inocencia y de ser usada como medida de control, pero anunciaron el voto de sus grupos parlamentarios a favor.

El diputado Hugo Anaya subió a la tribuna para explicar que los panistas están convencidos de que el combate a todas las acciones de la delincuencia común y organizada deben ser enfrentados enérgicamente por la autoridad, pero siempre con la ley en la mano y la participación activa del Ministerio Público, los jueces y funcionarios del Poder Judicial de la Federación.

La reforma al artículo 19 constitucional requiere una mayor discusión sobre los abusos que pudieran generarse por parte de la autoridad, pretextando el combate a los ilícitos y no se puede abrir la puerta a la violación a los derechos humanos, sino garantizar el derecho humano a la seguridad.

“Lo importante es llevar y mantener en la cárcel a los veraderos delincuentes, nunca con acusaciones prefabricadas”, por lo que dijo que los panistas defienden la prisión preventiva justificada, con lo que los ministerios públicos y jueces deban demostrar el delito imputado para que pueda ser aplicada.

Ávila, a nombre de la banca priísta, dijo que se debe tener mucho cuidado de que la prisión preventiva oficiosa no sea usada como medida de control que genere detenciones arbitrarias, hechas por causas políticas.

Los delitos graves implican presión preventiva, la cual no implica que exista un juicio pronto ya que, según cifras de la Comisión Nacional de los Derecho Humanos de 2017, el 38 por ciento de la población en prisión eran personas en prisión preventiva que todavía no contaban con una condena firme.

El representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México, Antonino De Leo, afirmó que la ampliación de la prisión preventiva oficiosa incrementaría el número de personas privadas de la libertad y generaría un problema de hacinamiento carcelario en el país.

Octavio Ocampo, a nombre de la bancada perredista, señaló que el sistema penal acusatorio se caracteriza por la presunción de inocencia como derecho humano fundamental que establece que nadie debe ir a prisión, sin que antes un juez haya determinado su culpabilidad.

“En la prisión preventiva oficiosa se rompería el principio de progresividad y se correría el riesgo de que por portar una garrafa de gasolina se acuse a alguien de huachicol o que por tener un arma se le acuse de tráfico de armas”.

Por eso, los académicos y especialistas recomiendan desaparecer ese artículo que establece la prisión preventiva oficiosa y se fortalezca la prisión preventiva justificada, por lo que el voto perredista sería a favor de manera condicionada.

Abiertamente a favor de la reforma habló la diputada de Morena, Teresa López, pero no fijó postura política, ya que se limitó a describir cada uno de los nuevos delitos que se incluyen al catálogo de los que ameritan la prisión preventiva oficiosa.